El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy una batería de medidas que acentúan la vocación social del Ejecutivo que preside Javier Fernández y que están destinadas a reforzar las prestaciones a los asturianos con algún tipo de dependencia y a las familias con menos recursos económicos.
El primer asunto al que el Consejo de Gobierno ha dado hoy luz verde es el gasto de 10.967.000 euros para garantizar los servicios de ayuda a domicilio y teleasistencia que reciban personas con algún tipo de dependencia. Estas prestaciones se realizan a través de convenios de colaboración con las entidades locales e implica una agilización en el pago a las entidades locales.
Con estos casi 11 millones de euros es elevar a 2.360 las personas dependientes que reciben atención del servicio de ayuda a domicilio, 370 más de los que lo reciben ahora, y mantener los 800 usuarios de teleasistencia. En total, se beneficiarán con esta partida 3.160 asturianos y asturianas con algún tipo de dependencia.
Los servicios de ayuda a domicilio y teleasistencia para personas dependientes están contemplados en el catálogo de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia y en Asturias se prestan a través de convenios de colaboración con las entidades locales.
La Consejería de Bienestar Social y Vivienda tiene la competencia del reconocimiento de este derecho a las personas dependientes, la fijación de la intensidad del servicio, según el grado de dependencia, la determinación de la capacidad económica de las personas beneficiarias y su participación en el coste del servicio, así como la emisión de instrucciones y criterios de aplicación para su correcta prestación. La financiación corre íntegramente a cargo del Gobierno del Principado, siendo las entidades locales las que prestan el servicio a través de este convenio para la encomienda de gestión.
A los 3.160 asturianos dependientes que en el próximo año se beneficiarán de estos dos servicios se suman otros 14.500 que reciben ayuda a domicilio y teleasistencia. Estos servicios los prestan los ayuntamientos a través del convenio del Plan Concertado de Servicios Sociales Básicos, convenio que el Gobierno Principado firma y financia con las entidades locales. Precisamente, la combinación de estos servicios, tanto para personas dependientes como para aquellas que no tienen el grado reconocido, permite fijar población, ya que, contribuyen a que las personas mayores puedan permanecer más tiempo en su entorno.
A la Comunidad Autónoma le corresponde el reconocimiento del derecho a las personas dependientes, la fijación de la intensidad del servicio, según el grado de dependencia, la determinación de la capacidad económica de las personas beneficiarias y su participación en el coste del servicio, así como la emisión de instrucciones y criterios de aplicación para su correcta prestación.