Granada, 8 feb (EFE).- El juzgado de Instrucción 2 de Granada ha acordado el sobreseimiento libre y el archivo del primer caso de un presunto bebé robado que se denunció en el país, en un auto que ha denegado a los denunciantes la posibilidad de presentar nuevas pruebas periciales que consideran vitales.
El auto del juzgado granadino, al que ha tenido acceso Efe, ha archivado la denuncia presentada por los padres de la niña al considerar que los informes forenses resuelven que los restos que se conservan del bebé son de su hija.
El abogado granadino Eduardo Raya y su mujer formalizaron en marzo del 2010 la primera denuncia en el país por presunto caso de niños robados al estar convencidos de que el cuerpo que les entregaron no era el de su pequeña, nacida el 6 de junio de 1990 en un hospital granadino tras una cesárea a la madre.
Los padres realizaron a los restos del bebé dos pruebas de ADN en dos laboratorios diferentes que, según han mantenido, concluyeron que los restos enterrados no podían ser de su hija, por lo que denunciaron el caso.
El Juzgado de Instrucción 2 de Granada archivó el caso, aunque los padres apelaron ante la Audiencia Provincial, que estimó parcialmente su recurso «con el fin de agotar la investigación en torno a las únicas diligencias abiertas».
Tras el pronunciamiento de la Audiencia, el caso regresó al mismo juzgado de Instrucción, que pidió aclaraciones sobre los informes periciales para detallar si los restos de la niña podrían corresponderse con los de la hija de los denunciantes.
Los padres solicitaron la apertura de juicio y la presentación de nuevos informes periciales que el juzgado negó, mientras la Fiscalía pidió el archivo de la causa.
El padre ha considerado que el auto «falta a la verdad» al recoger que los últimos informes aportados por la familia «no son relevantes», y ha lamentado que no se interrogue a los médicos presentes en el nacimiento de su hija.
Durante el proceso se analizó el hígado de la niña conservado en parafina por el Hospital en el que nació y que según los peritajes solicitados por la Fiscalía corresponde a la hija de los demandantes, algo que no comparten los padres.
Raya, que preside la Asociación Nacional ADN-D de afectados por robo de bebés, ha mantenido desde el inicio que cambiaron a su hija por un bebé moribundo tras su nacimiento en el Hospital Clínico de Granada, aunque las pruebas de ADN realizadas no fueron determinantes, según el juzgado que ha vuelto a archivar el caso.