La consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, ha exigido al Gobierno central que cumpla con la ley y comunique a las comunidades autónomas las entregas a cuenta, antes de presentar los Presupuestos Generales del Estado (PGE). En declaraciones a los medios de comunicación, ha indicado que hasta la fecha no se ha trasladado a las comunidades lo que les corresponde de las entregas a cuenta, es decir, el dinero que van a recibir del modelo de financiación.
Montero ha calificado este hecho de «inaudito en la historia de la democracia», ya que es una «obligación legal» que, previamente a la presentación de los PGE, el Gobierno comunique cómo se van a comportar las entregas a cuenta que, según ha recordado, actualmente están prorrogadas junto con los Presupuestos. «No quiero pensar que ni siquiera se nos vaya a comunicar la actualización de las entregas a cuenta, o lo que es lo mismo, que el Gobierno de España se quede con el dinero que le correspondería a las comunidades autónomas», ha alertado.
Por ello, ha reiterado su llamamiento al Gobierno central para que con antelación a la presentación de los PGE informe sobre cómo se va a comportar la recaudación para que las autonomías puedan tener seguridad en sus propias cuentas. En este sentido, ha advertido que «Andalucía estará alerta» para que las inversiones que recojan los PGE cumplan lo previsto en el Estatuto de Autonomía y sean proporcionales a su peso poblacional.
Montero ha defendido la importancia de las inversiones en la vertebración del territorio, si bien ha reclamado que tienen que empezar por el sur. Concretamente, se ha referido al Corredor Central que dinamizará al Puerto de Algeciras y contribuirá a que Andalucía sea una región competitiva en materia de transporte y, por tanto, en inversión y empleo.
Estabilidad empleo público
La consejera ha realizado estas declaraciones en la localidad de San Fernando (Cádiz), donde ha participado en el III Congreso de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO Andalucía. Durante su intervención, ha reclamado un «pacto por el empleo público» que permita a todas las comunidades autónomas aprobar «sin limitaciones» ofertas de empleo «suficientes y adecuadas» a las necesidades de un estado social que ha de ser «reforzado y legitimado».
En este sentido, ha saludado que el Gobierno central haya atendido la reivindicación de Andalucía que permitará dar estabilidad a más de 40.000 empleados públicos en régimen de interinos y eventuales, a través de una convocatoria extraordinaria que dé cobertura a estas plazas que saldrían a oposición de forma coordinada con el resto del Estado.
Según ha defendido, el objetivo del Gobierno andaluz es dotar de estabilidad y calidad a las plantillas del sector público para afianzar una «relación firme y consolidada» de los trabajadores, lo que redundará en la revitalización de los servicios públicos que presta la Administración autonómica.