Madrid, 21 oct (dpa) – La Asociación de Víctimas del Terrorismo de la banda armada independentista ETA expresó hoy su «daño, dolor, sufrimiento, miedo y vergüenza» nada más conocer el fallo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo que anuló la conocida como «doctrina Parot».
La presidenta de la asociación, Ángeles Pedraza, aseguró a través de su cuenta en Twitter que «no hay suficientes palabras» para expresar lo que sienten las víctimas por una decisión, subrayó, «a favor de terroristas, violadores, criminales y asesinos».
También la Fundación Víctimas del Terrorismo expresó su rechazo a la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y la consideró «un varapalo».
«Lamentamos que la balanza del TEDH se haya inclinado más hacia la impunidad de los terroristas que a hacer justicia a las víctimas», expresó su presidenta, Marimar Blanco, hermana del concejal de la localidad de Ermua asesinado por ETA en 1997 y cuya muerte sacó a las calles a miles de personas en España contra el grupo armado.
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos anuló hoy de forma definitiva la jurisprudencia aplicada en España al hacer pública la sentencia favorable a la presa Inés del Río, miembro de ETA, de quien exigió su puesta en libertad.
La «doctrina Parot» fue establecida por el Tribunal Supremo español en 2006 para evitar la excarcelación del etarra Henri Parot y avalada por el Tribunal Constitucional el pasado año. Obligaba a descontar los beneficios penitenciarios de cada una de las penas y no del máximo de cumplimiento efectivo.
Inés del Río fue sentenciada a 3.828 años de cárcel por 24 asesinatos, pero el plazo de cumplimiento efectivo en España era en el momento de su condena de 30 años, por lo que el cálculo es completamente diferente si se aplica la «doctrina Parot» o no, y en caso de ser excluida debe salir en libertad.
En julio de 2012 el Tribunal de Estrasburgo ya consideró que la «doctrina Parot» vulneraba dos artículos del Convenio Europeo de Derechos Humanos. El gobierno español recurrió aquella sentencia que no se ejecutó entonces.
Si el Ejecutivo de Rajoy acata la sentencia, que no es vinculante, 61 miembros de ETA y una decena presos con graves delitos podrían ser liberados en los próximos meses.