El Consejo de Gobierno ha acordado la convocatoria urgente de la Comisión General de las Comunidades Autónomas del Senado, con el fin de tratar sobre la repercusión del proyecto de Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce) sobre el modelo de distribución de competencias educativas entre las administraciones estatal y autonómicas, según ha informado el portavoz del Ejecutivo autonómico, Miguel Ángel Vázquez.
Vázquez ha añadido el Gobierno andaluz quiere profundizar en «un debate de un proyecto de ley que cuenta con un rechazo unánime de la comunidad educativa». Por ello, ha confiado, el Gobierno de la Nación «todavía está aún a tiempo de paralizar un proyecto que supone un retroceso y una marcha atrás en el sistema educativo público y buscar un consenso en un asunto trascendental como es la educación».
«Lo que pedimos es diálogo y búsqueda de consenso, no que se dé la espalda a las autonomías y a la comunidad educativa», ha indicado Vázquez, quien ha instado al Gobierno central a «reflexionar y ampliar la base de apoyo de esta ley». «El sistema educativo debe ser estable porque es lo que garantiza de manera fehaciente el mejor rendimiento escolar».
El portavoz del Gobierno andaluz ha destacado que este proyecto, aprobado inicialmente en el Congreso de los Diputados y pendiente de su paso por el Senado, «altera el marco competencial vigente desde hace más de 30 años, al ampliar las atribuciones del Estado y reducir las de las comunidades autónomas». En este sentido, ha añadido, la Lomce se opone «frontalmente» al desarrollo y ejecución de derechos y competencias que se recogen en los artículos 21 y 52 del Estatuto de Autonomía, así como en la Ley andaluza de Educación, «especialmente los vinculados a la garantía del principio de igualdad, al carácter compensatorio de la educación en Andalucía y a materias relacionadas con la evaluación».
De forma paralela a la solicitud del Gobierno andaluz, Miguel Ángel Vázquez ha indicado que la Consejería de Educación, Cultura y Deporte está actualmente analizando el texto enviado al Senado con la intención de recurrir ante el Tribunal Constitucional, si procede, aquellos artículos que puedan atentar contra la igualdad de oportunidades en la educación o promuevan su uso mercantilista.
Para el Ejecutivo autonómico, el modelo educativo de la Lomce supone una ruptura con los «criterios de calidad y equidad» del sistema educativo andaluz y que, consecuentemente, hará uso del margen de las competencias autonómicas para «minimizar» sus efectos negativos y mantener una !escuela inclusiva que atiende las diferencias y fomenta la cohesión social», ha subrayado Vázquez.
Entre las medidas recogidas en el proyecto de la Lomce, el Gobierno andaluz rechaza especialmente las que dan mayor peso a la enseñanza privada en la programación de la red de centros y la que amplía de cuatro a seis años el periodo de concertación en la educación Primaria. Similar orientación privatizadora tiene, a juicio de la Junta, la obligación de garantizar la existencia de plazas públicas suficientes en zonas de nueva población, así como la publicación de clasificaciones de centros para estimular la demanda de determinados colegios y alentar el trasvase del alumnado con más dificultades hacia la enseñanza pública.
Asimismo, Andalucía resalta que la incorporación del criterio de demanda social en la programación de la red de centros dificultará las atribuciones de planificación de la Administración autonómica y favorecerá el aumento de litigios. En cuanto a la evaluación, el Gobierno andaluz señala que las reválidas, tal y como las recoge el proyecto de ley, seleccionan e impiden la promoción del alumnado y la obtención de los títulos.
Finalmente, el Consejo de Gobierno recuerda que en Andalucía se seguirá impartiendo la asignatura de Educación para la Ciudadanía, frente a la reforma estatal que obliga al alumnado a elegir entre la asignatura de Religión y la enseñanza de los valores constitucionales, culturales y sociales.
La Comisión General de las Comunidades Autónomas es un órgano del Senado que tiene, entre otras funciones, la de facilitar la participación de los gobiernos y administraciones autonómicas en los asuntos que se tramitan en la Cámara Alta y que afectan al ámbito de sus competencias.