Washington, 21 jun (dpa) – Más de dos meses después del inicio de la peor crisis en décadas en Nicaragua, donde los muertos en el marco de las protestas contra el presidente Daniel Ortega superan ya los 200, la Organización de Estados Americanos (OEA) tratará este viernes la situación por primera vez en un consejo permanente en Washington.
El secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Paulo Abrao, presentará allí en una sesión extraordinaria el informe final de la visita que este organismo autónomo e independiente de la OEA realizó en mayo al país centroamericano.
El informe preliminar hablaba de «graves violaciones de derechos humanos» durante las protestas y censuraba «el uso excesivo de la fuerza por parte de cuerpos de seguridad del Estado y de terceros armados», además de llamar al Gobierno nicaragüense a «cesar de inmediato la represión a los manifestantes y la detención arbitraria de quienes participan de las protestas».
La CIDH se encarga de velar por el respeto a los derechos humanos en el continente americano. Y desde su visita a Nicaragua, la violencia se ha recrudecido. Bajo presión, el Gobierno de Ortega ha cursado una nueva invitación para que la Comisión vuelva al país, en el que también se espera a una representación del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU.
Las protestas contra Ortega comenzaron el 18 de abril, después de que aprobara por decreto una reforma de la seguridad social, luego derogada, aunque el malestar con él se remonta a mucho antes. La oposición denunció fraude en las elecciones municipales de 2008 y en las presidenciales de 2011. Y de las de 2016, en las que Ortega fue reelegido con el 72,5 por ciento de los votos, fueron excluidos algunos opositores. Los comicios carecieron de observación independiente.
Diversas organizaciones de derechos humanos cifran los muertos desde el 18 de abril en entre 191 y 215. La Comisión de la Verdad, conformada por el Parlamento y de mayoría oficialista, los sitúa en 173.
Nicaragua ha sido hasta hace poco una crisis olvidada en la OEA, que reúne a los 35 países del continente americano -aunque Cuba, pese a ser miembro, no quiere participar-.
La organización tiene el foco puesto desde hace dos años en Venezuela y no fue hasta la reciente Asamblea General de principios de junio cuando comenzó a tratarse la situación ante la presión de opositores nicaragüenses que se desplazaron a Washington para protestar y ante pronunciamientos de organizaciones como Amnistía Internacional.
La Asamblea General, que es la cita anual más importante de la OEA y reúne a los cancilleres de los países miembro, aprobó una declaración que generó, no obstante, frustración entre la oposición a Ortega por su llamado génerico al fin de la violencia y la falta de una condena directa al mandatario. El texto fue de hecho un acuerdo de compromiso entre Estados Unidos y Nicaragua, los dos países que lo presentaron a consideración.
Por esa falta de condena explícita a Ortega se critica también al secretario general de la OEA, Luis Almagro, que no ha dejado de condenar al venezolano Nicolás Maduro. Almagro, al que la oposición nicaragüense ha llegado a acusar de apoyar a Ortega, ha ido subiendo el tono en las últimas semanas, aunque sin llegar a esa condena que le piden.
Hoy volvió a pronunciarse sobre Masaya, la ciudad a 25 kilómetros de Managua que se ha convertido en bastión y símbolo de la oposición a Ortega y que sufre especialmente la violencia de grupos afines al Gobierno y de las fuerzas policiales.
«Exigimos se frene inmediatamente la represión en el pueblo indígena de Monimbó ubicado en Masaya. Solicitamos al Gobierno de #Nicaragua apoyar a los obispos que buscan la pacificación de la ciudad», escribió en Twitter después de que el nuncio apostólico y varios miembros de la Conferencia Episcopal llegaran allí para tratar de frenar un ofensiva policial contra manifestantes.
La víspera fue el presidente saliente de Colombia, Juan Manuel Santos, quien se pronunció sobre Nicaragua. «Quiero hacerles un llamado al señor secretario general de la OEA y al Consejo Permanente, que por favor intervengan, por favor discutan, por favor utilicen las herramientas que tienen a su disposición para que ese huracán no siga creciendo y no siga produciendo víctimas», pidió.
Hasta el momento, los pronunciamientos más duros por parte de los Gobiernos americanos sobre lo que está ocurriendo en Nicaragua han sido los de Estados Unidos. El vicepresidente Mike Pence califica de «régimen» al Gobierno de Ortega, el término que la administración norteamericana utiliza como sinónimo de dictadura.
Su embajador ante la OEA, Carlos Trujillo, viajó esta semana al país centroamericano y se reunió con Ortega en medio de una nueva suspensión del diálogo nacional en el que la Iglesia católica ejerce como mediadora entre el Gobierno del ex guerrillero sandinista y la oposición política y social.
Por Sara Barderas (dpa)