Vigo, 8 sep (EFE).- El abogado de la Asociación Viguesa pola Memoria Histórica do 36, Guillermo Presa, cree que la sentencia que condena al Ayuntamiento de Vigo a retirar la cruz del Monte de O Castro por considerarla un símbolo franquista es «muy difícil», si no «imposible de tumbar».
Presa ha recalcado junto a miembros de la asociación demandante que la sentencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo 2 de Vigo es «sólida» y está «perfectamente armada, muy bien razonada», por lo que ve pocas opciones de que pueda prosperar el recurso que el alcalde ha confirmado que presentará el gobierno local.
Sobre el principal argumento al que se aferra Caballero, el acuerdo plenario de 1981 que, con la unanimidad de todos los partidos, resolvió despojar la cruz de toda connotación franquista, Presa ha indicado que el juez se limita a aplicar la Ley de Memoria Histórica de 2007, por lo que «poco hay que discutir».
Precisamente porque aquella ley la aprobó un gobierno socialista resulta «completamente fuera de lo razonable» la actitud del alcalde, según Telmo Comesaña, presidente de la asociación demandante.
Comesaña ha instado al secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, al líder del partido en Galicia, José Ramón Gómez Besteiro, y «a las bases» a que «tomen consciencia de lo que está pasando», y ha invitado a los grupos de la oposición en Vigo, PP y BNG, a que impidan la presentación del recurso anunciado por Caballero.
Ha subrayado que en la asociación no son «talibanes» ni pretenden ir contra la simbología religiosa, sino que lo que tratan es «que haya justicia» y se elimine «una espada clavada en el corazón de Vigo», que con su presencia daña la memoria de «víctimas de asesinatos de la preguerra».
En la misma línea, Margarita Caballero, de 90 años, ha dicho que en su condición de católica comprende que la retirada de esta cruz pueda «sentar mal» a determinados sectores sociales, pero se ha preguntado «qué pueden pensar» los familiares de víctimas y represaliados del franquismo cuando pasan por delante de ella.
Manuel Reinoso, directivo de la asociación, ha criticado la actitud «prepotente» y «antidemocrática» del alcalde vigués por no responder a diferentes solicitudes que le enviaron por escrito para derribar la cruz de O Castro, lo que los obligó a recurrir a la vía judicial.