Managua, 16 ago (dpa) – Un grupo de expertos nombrados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA para ayudar en las investigaciones sobre la violencia en Nicaragua denunciaron hoy no haber podido realizar a cabalidad su trabajo por falta de apoyo e información de las entidades del Gobierno.
En rueda de prensa, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales (GIEI) informó que desde su formación el pasado 2 de julio no han recibido los expedientes de las investigaciones realizadas, listados de detenidos e informes de medicina legal.
«Hasta el día de hoy no hemos tenido acceso a esa información básica e imprescindible para cumplir con nuestro mandato», dijo el italiano Amerigo Incalcaterra, jefe del grupo de cuatro expertos.
Explicó que su tarea era recopilar información oficial sobre hechos de violencia ocurridos del 18 de abril al 30 de mayo, cuando estiman habría muerto un centenar de personas. Para ello la solicitaron varias veces por escrito y verbalmente al Poder Judicial, la Fiscalía, la Policía y la Cancillería de la República.
Aunque el grupo se ha reunido con familiares de fallecidos en las protestas contra el Gobierno y recabado bastante documentación, «sin la información de Estado es muy difícil cumplir con las tareas asignadas», sostuvo el argentino Pablo Parenti.
«No hemos accedido a ninguna de las líneas de investigación del Estado. Tampoco se nos permitió ingresar a la audiencia por el asesinato del periodista Angel Gahona», realizada el pasado martes, agregó.
Los miembros del GIEI distribuyeron un comunicado instando al Gobierno de Daniel Ortega «para que disponga a la brevedad el acceso, sin condiciones, a los expedientes de las investigaciones y causas penales, el plan de reparación (de las víctimas) y la demás información solicitada oportunamente».
Consultado por dpa, Incalcaterra evitó responder si los miembros del GIEI permanecerán en el país los seis meses previstos cuando se les asignó el trabajo, o si se verán obligados a cancelar su misión.
«Lo importante es que podamos acceder cuanto antes a esta información. No queremos imaginar un escenario en el que esto no se cumpla», comentó a su vez la experta guatemalteca Claudia Paz y Paz.
En su sitio web con fecha 14 de agosto, la Corte Suprema de Justicia confirmó que existe un acuerdo oficial según el cual la Cancillería sería el canal de comunicación con el GIEI, en caso de solicitar asistencia a juicios de personas detenidas.
Sin embargo, «hasta esta fecha, la Secretaría de la Corte Suprema de Justicia no ha recibido de la Cancillería de la República ninguna solicitud hecha por el GIEI o la CIDH para que se permita a sus funcionarios asistir a ninguna audiencia o juicio», se indicó.
La crisis de Nicaragua estalló el 18 de abril con una protesta de estudiantes y se agravó tras la violenta acción de la Policía y paramilitares contra manifestantes civiles, que dejó unos 450 muertos, 2.800 heridos y casi 500 detenidos, según ONGs de derechos humanos.
El Gobierno registra 198 fallecimientos y responsabiliza de las víctimas a los opositores, a quienes califica de «terroristas golpistas».