La consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, ha reclamado que las comunidades autónomas puedan asumir el protectorado de las nuevas fundaciones bancarias que desarrollen su obra social de forma mayoritaria en sus territorios. Este es el aspecto más destacado del informe que ha presentado al Consejo de Gobierno sobre el proyecto de Ley de Cajas de Ahorros y Fundaciones Bancarias, actualmente en trámite de enmiendas en el Congreso de los Diputados.
Para el portavoz del Gobierno andaluz, Miguel Ángel Vázquez, ha advertido al término de la reunión del Ejecutivo autónomico de que esta nueva norma «supone una liquidación del sistema de cajas de ahorro y pone en riesgo la obra social» de estas entidades, al tiempo que «no aclara las competencias de las comunidades autónomas».
En este sentido, el documento, elaborado por la Consejería de Hacienda y Administración Pública, destaca la necesidad de clarificar y delimitar en el proyecto de Ley las competencias estatales y autonómicas en materia de control de las nuevas fundaciones bancarias, definiendo más concretamente el ámbito de actividad principal de estas entidades, para determinar la administración a la que corresponde su protectorado.
A juicio del Gobierno andaluz, el ámbito de actividad principal viene determinado por la obra social y el espacio geográfico en que se desarrolla. Por tanto, si una fundación bancaria lleva a cabo esta función de forma mayoritaria en el territorio de la comunidad autónoma, ésta debería asumir su protectorado con independencia del ámbito de actividad del banco del que participe.
Además, el texto que se está tramitando en el Congreso establece la incompatibilidad del cargo de patrono de una fundación (integrante del máximo órgano de gobierno) y el desempeño de cargos equivalentes en la entidad bancaria. Para la Junta, esta incompatibilidad debería flexibilizarse en línea con la opinión del Consejo de Estado y de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que han expresado su disconformidad con la prohibición.
Por último, el proyecto de Ley de Cajas de Ahorros y Fundaciones Bancarias impone a estas últimas entidades nuevas obligaciones económicas y formales, como la dotación de un fondo de reserva, que la Junta considera innecesarias y que pueden poner en riesgo la propia capacidad de las fundaciones para llevar a cabo su obra social.