Ciudad de México, 21 jun (dpa) – Amnistía Internacional (AI) advirtió hoy que la violencia y la «represión estatal» se han incrementado en Nicaragua pese al proceso de diálogo nacional que busca superar la crisis en la que se encuentra sumida el país centroamericano.
«El recrudecimiento de los ataques en contra de la población civil por parte de agentes del Gobierno nicaragüense y grupos parapoliciales que actúan con su aquiescencia en los últimos días demuestra la simulación y falta de compromiso por parte del Presidente (Daniel) Ortega», dijo en un comunicado la directora de AI para las Américas, Érika Guevara.
Las protestas en Nicaragua se iniciaron el 18 de abril contra Ortega, al que exigen su renuncia. Diversos organismos de derechos humanos calculan en 215 la cifra de muertos y en 1.500 la de heridos. Para AI, el número de heridos es de 2.100.
La organización señala que la mayoría de las muertes se produjeron «a manos de la policía y grupos parapoliciales» y apunta que hubo varias detenciones arbitrarias en el marco de las protestas. «Se calcula que alrededor de 70 personas se encuentran actualmente detenidas en violación de normas fundamentales de derecho internacional», indica.
AI también hace recuento de tres presuntas ejecuciones a manos de la Policía Nacional ocurridas el martes, así como una treintena de heridos por represión policial en las ciudades de Masaya y Ticuantepe.
«El gobierno nicaragüense no puede continuar haciendo llamados al diálogo mientras sigue cometiendo graves violaciones de derechos humanos y crímenes de derecho internacional, y no toma todas las medidas a su alcance para que la violencia cese», manifestó Guevara.
Amnistía exhortó al Gobierno de Ortega a «ordenar de forma inmediata el cese a la represión», así como el apego al uso legítimo de la fuerza por parte de los cuerpos policiales. También pidió desmantelar los grupos parapoliciales y establecer «garantías para el cese de la violencia».
También pidió la creación de un Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) para investigar los hechos de violencia en Nicaragua y que se permita el acceso de organismos internacionales para el registro y documentaciones de violaciones a los derechos humanos.