Madrid, 22 jun (dpa) – La puesta en libertad de los condenados por el mediático caso de «La manada» ha desatado un gran revuelo en España, donde miles de personas salieron ya en mayo a protestar a la calle por la polémica sentencia que descartó un delito de agresión sexual.
El tribunal que juzgó a los cinco sospechosos de haber violado a una joven en las famosas fiestas de Sanfermines y que los condenó en primera instancia a nueve años de prisión por abuso sexual considera ahora que no hay riesgo de fuga ni de reiteración delictiva.
Los condenados, entre los que hay un militar y un guardia civil, han estado encarcelados provisionalmente desde julio de 2016, cuando tuvieron lugar los hechos en la ciudad de Pamplona.
Su liberación en espera de que la sentencia sea firme ha causado indignación en España. Organizaciones feministas convocaron esta semana manifestaciones de protesta en las calles e incluso el Gobierno central de Pedro Sánchez ha expresado su «sorpresa» y ha anunciado medidas para endurecer la ley.
La mayoría de expertos y asociaciones judiciales coincide en que el auto de libertad de los miembros de «La manada» «tiene elementos discutibles jurídicamente» y que buena parte de lo cuestionable «procede de la decisión previa», es decir, de la sentencia.
Los magistrados de la Audiencia de Navarra, el tribunal que juzgó el caso, consideran que la pena impuesta a los condenados ha sido menor de la que en un principio se barajaba (al descartarse el delito de agresión sexual), lo que rebaja el riesgo de fuga.
«A partir de ahí, el tribunal centra mucho en eso su argumentación. Considera que con una pena de nueve años no existe un riesgo de fuga considerablemente claro», explica a dpa Joaquim Bosch, magistrado y miembro de la asociación Jueces por la Democracia.
La prisión provisional es una medida cautelar que se aplica en función a tres criterios generales en España: riesgo de fuga, riesgo de destrucción de pruebas y riesgo de reiteración delictiva. Son los jueces los que valoran cada caso y cada situación.
En anteriores resoluciones del caso de «La manada», que toma su nombre del grupo de Whatsapp que los propios acusados tenían, los magistrados del tribunal que los juzgó sí apreciaron riesgo de fuga y de reiteración delictiva. Ahora, al decretar la libertad provisional -bajo fianza de 6.000 euros- el tribunal español lo descarta.
«No puede desconocerse (…) que la repercusión que ha tenido este caso y la presión que ha desatado han alimentado un rechazo social de tal magnitud respecto de los cinco acusados que ello permite cuestionar fundadamente ese hipotético riesgo de reiteración delictiva», argumenta el auto.
La Audiencia de Navarra alude a una doctrina constitucional que establece que la prisión provisional es una medida «excepcional» que «en ningún caso puede transformarse en pena privativa de libertad anticipada» y destaca que «la alarma social no es un criterio válido» a la hora de decidir si es necesario aplicarla.
Para Bosch, sin embargo, el tribunal de Navarra se aparta de una regla habitual de la jurisprudencia española por la que cuando sobre un condenado en prisión provisional cae una pena elevada, en este caso de nueve años, éste permanece encarcelado de forma preventiva durante el tiempo que supone la mitad de la condena. Es decir, cuatro años y medio.
La Ley de Enjuiciamiento Criminal dice que la prisión provisional «podrá» prorrogarse ese tiempo si se recurre la sentencia, mientras que una circular de la Fiscalía General del Estado de este año establece que dicha prórroga «no es automática».
«El auto se aparta de los precedentes habituales y también de un criterio muy general en la jurisprudencia española que es que cuando hay una sentencia, aunque no sea firme, aumenta el riesgo de fuga. Porque no es lo mismo si no hay sentencia, y por tanto, existe expectativa de una posible absolución», explica Bosch.
El magistrado advierte también de la «disparidad preocupante» en la manera de aplicar la prisión preventiva en diferentes casos en España, especialmente en aquellos que son muy mediáticos.
«Con la misma pena, en unos se acuerda la libertad (del acusado) y en otros la prisión provisional sin que se acaben de entender las razones. Y esto crea confusión en la sociedad y puede generar inseguridad jurídica», añade el jurista.
En el caso del tribunal que juzgó el caso de «La manada», se deduce que es un tribunal dividido. En la sentencia, uno de los magistrados emitió un polémico voto discrepante. Y ahora, otro de los jueces se ha mantenido contrario a la decisión general, pidiendo prisión provisional incondicional para los condenados.
Algunas voces -incluida la de los propios condenados- han alertado de un juicio paralelo sobre «La manada». El caso ha sido muy seguido por los medios de comunicación en medio de una ola feminista que, entre otras cosas, critica lo que considera «justicia patriarcal».
Los expertos advierten de dos peligros en estas situaciones: por una parte, que el tribunal en cuestión se deje presionar y ceda a las reivindicaciones de la sociedad, y por otra, que quiera demostrar a toda costa que no se deja influir.
«Lo fundamental es que el tribunal ni se deje presionar ni pretenda impresionar a la sociedad con su poder», dice Bosch.
La liberación de los condenados llega, además, en vísperas de las fiestas de San Fermín de Pamplona, las más internacionales de España. Congregan cada mes de julio a un millón de personas y en los últimos años se ha puesto el foco en las agresiones machistas.
Por Ana Lázaro Verde (dpa)