El director general de Políticas Sociales, Enrique Rodríguez Nuño, ha destacado hoy la apuesta del Principado por las políticas sociales como instrumento para ayudar a las personas a superar las dificultades y dotarlas de recursos para el desarrollo de sus proyectos vitales. A su juicio, para alcanzar estos objetivos es necesario mantener la eficiente red de servicios sociales de Asturias, que sirve de sistema de protección para la ciudadanía y constituye un pilar fundamental para el bienestar comunitario.
Rodríguez Nuño ha inaugurado esta mañana la V Jornada de Ética y Servicios Sociales que organiza la Consejería de Bienestar Social y Vivienda en colaboración con el Instituto Asturiano de Administración Pública Adolfo Posada. La iniciativa, en la que participan 500 profesionales y que también se puede seguir a través de internet, se centra este año en el papel de la ética en los modelos de atención social.
En su intervención, el director general de Políticas Sociales ha subrayado que para que una atención sea de calidad debe ser correcta, tanto desde el punto de vista técnico como ético. En este sentido, ha recordado que esta semana se ha constituido el Comité de Ética en Intervención Social del Principado de Asturias.
“Estamos dotando a la sociedad de una herramienta que da garantías a la ciudadanía como beneficiaria de los servicios sociales y que proporciona a la administración un instrumento para consultar cualquier duda sobre el modelo de intervención social”, ha explicado. Además, ha insistido en que la calidad de los servicios sociales de Asturias, que es reconocida en todo el territorio nacional, “se verá reforzada con este comité”.
Este órgano consultivo se encargará de analizar y asesorar en la resolución de posibles conflictos éticos, orientar en la elaboración de documentos de buena praxis o protocolos de actuación desde el punto de vista ético y potenciar la formación en ética asistencial de los profesionales de los servicios sociales. El comité está integrado por profesionales de distintos sectores del ámbito público y privado relacionados con la gestión y la atención directa a los usuarios. Se trata de un recurso para promover la deliberación que ayudará a la toma de decisiones en casos delicados que provocan conflictos de valores entre las partes implicadas: usuarios, familias, instituciones, profesionales y agentes sociales, entre otras.