Brunswick/Wolfsburgo (dpa) – Hace unos días, Klaus Ziehe, máximo representante de la fiscalía de la ciudad de Brunswick, en el norte de Alemania, sorprendió con un comunicado que volvió a sacudir los cimientos del gigante automotor Volkswagen.
Formalmente, puede que sólo se trate de un procedimiento legal más, pero el potencial explosivo de la declaración es enorme. Al fin y al cabo, presentar acusación contra el dúo de directivos en funciones, así como contra un antiguo presidente ejecutivo de la mayor compañía automovilística del mundo, no es algo que suceda todos los días.
Herbert Diess, Hans Dieter Pötsch, Martin Winterkorn: estos tres nombres representan la actual y la antigua cúpula directiva del grupo alemán Volkswagen. Y ahora aparecen juntos en un pliego de acusación de 636 páginas.
La demanda: no haber cumplido con su deber de informar a tiempo a sus inversores de las obligaciones de pago del grupo, de miles de millones de euros, como consecuencia de la manipulación de motores diésel de once millones de automóviles en todo el mundo para simular menos emisiones de gases contaminantes.
Después de más de tres años de diligencias previas e innumerables entrevistas a testigos, los fiscales de Brunswick y sus colegas de la Oficina de Investigación Criminal de Baja Sajonia están convencidos: el triunvirato directivo de Volkswagen no informó a sus accionistas a tiempo sobre las posibles consecuencias del fraude antes de que estallara el escándalo en septiembre de 2015.
Según los investigadores, el actual presidente del Consejo de Supervisión, Hans Dieter Pötsch -entonces director financiero-, y el presidente ejecutivo, Herbert Diess —en su momento recién incorporado al grupo como responsable de la marca principal de Volkswagen—, no informaron claramente a los inversores sobre los riesgos.
La justicia alemana arguye que los directivos apostaron más bien por «no revelar todas las circunstancias relevantes y llegar a un acuerdo con las autoridades de Estados Unidos en el que admitían haber manipulado las emisiones de gases de sus vehículos, pero no el fraude contra autoridades y clientes».
La estrategia, sin embargo, no funcionó, «lo que era de esperar en vista de la indignación de las autoridades estadounidenses por las tácticas dilatorias practicadas hasta entonces», acotan los fiscales.
Recuerdan que, como resultado del acuerdo, los directivos de VW tuvieron que hacer frente a multas e indemnizaciones de hasta 39.000 millones de euros (42.600 millones de dólares).
Los investigadores suponen que el motivo que tuvo Volkswagen para utilizar un software que alteraba las emisiones contaminantes durante las pruebas en laboratorio había sido la modificación de la legislación medioambiental estadounidense, que había introducido normas más exigentes en 2007.
Además, explican que Volkswagen no había conseguido desarrollar un motor diésel que pudiera cumplir las normas de emisiones estadounidenses, y que las autoridades ya lo sospechaban desde 2014.
De acuerdo a las investigaciones, los directivos de Volkswagen estaban al tanto de las manipulaciones y del impacto financiero que se podía derivar del escándalo: en el caso de Winterkorn, a más tardar en mayo de 2015, Pötsch el 29 de junio y Diess el 27 de julio de 2015.
El 27 de julio fue también el día en el que tuvo lugar una junta de directivos, supuestamente para discutir las irregularidades en Estados Unidos, si bien no se sabe con qué rigor de detalles.
Volkswagen declaró que en aquel momento no había pruebas de prácticas ilegales. El abogado de Pötsch, Norbert Sharp, subraya: «En el verano de 2015 aún no se había planteado la obligación legal de informar a los accionistas».
Sharp asegura que su cliente realizó el cálculo de provisiones en base a la información de que disponía en aquel momento, y que la suma estimada de riesgos había sido mucho menor.
En el otoño (boreal) de 2015, sin embargo, las acciones preferentes de Volkswagen se desplomaron en el plazo de dos jornadas en casi un 50 por ciento, causando así enormes pérdidas a muchos inversores.
La normativa del mercado de capitales estipula que es obligatorio que las empresas que cotizan en Bolsa informen inmediatamente a los accionistas en caso de acontecimientos que podrían afectar el valor de sus acciones. Y la manipulación del mercado es un delito económico que no debe tomarse a la ligera.
En el mercado de valores se puede influir ilícitamente no sólo proporcionando falsa información, sino también omitiendo información relevante relativa a los precios.
Según la Autoridad de Supervisión Financiera alemana (BaFin, por sus siglas en alemán), el reglamento de conducta en los mercados de valores dispone que las omisiones dolosas pueden resultar en una pena de prisión de hasta cinco años o una multa.
No sólo Pötsch y Diess deben responder por sus acciones, sino también el hasta ahora intocable Martin Winterkorn.
Su abogado, Felix Dörr, sin embargo, no ve ninguna razón para ello, y sostiene que el ex director general no estaba en conocimiento de todos los hechos: «El prof. dr. Winterkorn confió en el trabajo correcto y conforme a la ley de los empleados responsables, así como en la exhaustividad de los informes que se le presentaban».
En el curso de las complejas investigaciones, el fiscal general Klaus Ziehe ya había pedido en repetidas ocasiones más transparencia por parte de Volkswagen.
A él y a su equipo les queda mucho por hacer, ya que el Tribunal Regional de Brunswick -ciudad ubicada a unos 30 kilómetros de la sede de Volkswagen en Wolfsburgo- aún debe examinar la admisibilidad de la demanda.
Para Stefan Bratzel, especialista en el sector de automoción, está claro, independientemente del resultado del procedimiento, que la cúpula directiva de Volkswagen subestimó por completo las consecuencias y los efectos de las manipulaciones del gasóleo.
El profesor del Centro de Gestión Automotriz (CAM, por sus siglas en inglés) critica, sobre todo, la actuación de Winterkorn y Pötsch. «El pasado será una carga para el futuro de Volkswagen», afirma.
El experto asevera que las acusaciones penales y el juicio colectivo en curso contra el grupo automovilístico, que lo enfrenta a más de 430.000 propietarios de coches, representan un daño de imagen, ya que sacan a la luz faltas graves cometidas por la empresa.
Los miembros del Consejo de Supervisión de Volkswagen, por su parte, están muy tranquilos y dicen respetar el trabajo de los investigadores.
Según sus declaraciones, las turbulencias en los precios de las acciones se debieron únicamente a que la Agencia de Protección Medioambiental de Estados Unidos hizo pública la transgresión, por lo que se mantendrá la «exitosa relación con el presidente del Consejo de Supervisión y el presidente ejecutivo».
Por Jan Petermann y Christian Brahmann (dpa)