La Asociación de Padres de Familia Separados, nacida en 1993 como la primera Asociación que se creó en España para defender los derechos de los padres y madres separados y divorciados, y cuyo primer objetivo es que no se vulneren los derechos de los menores, ya suma 22.000 apoyos entre asociados y colaboradores repartidos en sus 19 delegaciones en España.
Bajo la dirección nacional de Juan Carlos López Medina, la APFS sigue creciendo y ganando peso en la sociedad en base a sus objetivos prioritarios expresados en cuatro bloques: económico, social, jurídico y fiscal, y cuyos puntos no son del agrado del Ministerio de Igualdad dirigido por Irene Montero.
Pero ¿Cuáles son las líneas rojas que irritan a Igualdad?
De la totalidad de objetivos planteados por la Asociación son prioritariamente cuatro en donde la distancia entre Ministerio y entidad es mayor, diríamos prácticamente inalcanzable un acuerdo. Desgranamos cuales son estos puntos:
Custodia Compartida como modelo preferente: La APFS defiende que la Custodia Compartida debe ser el sistema preferente en las salas de justicia ante la separación o divorcio de parejas con hijos, todo ello precedido de un proceso de mediación que sea obligatorio ante la falta de acuerdo y esté regulado por ley.
Fiscalidad justa: La Asociación, consciente del desembolso de dinero mensual que supone ser padre no custodio, pide que estas cantidades consideradas “pensión de alimentos” sean deducibles en la declaración de la renta, tal y como se venía realizando en los ejercicios anteriores al año de 1992.
Protección de los bienes e intereses del padre: Siendo habitual que en caso de separación entre los progenitores con hijos la vivienda habitual pase a ser la residencia de la mujer -siendo el hombre quien tenga que buscarse otra residencia-la APFS considera esto una situación muy preocupante que socaba la economía de los hombres separados, ya que quedan obligados a continuar pagando los gastos hipotecarios, seguros e incluso las facturas de consumos de su anterior domicilio (donde vive su expareja, en muchos casos incluso con su nueva pareja al rehacer su vida), e igualmente afrontar los gastos de su nueva residencia.
Esto genera una situación de colapso económico injusta, y por ello piden que se erradiquen esas practicas establecidas en los juzgados de forma oficiosa, equilibrando los gastos entre cónyuges tras la separación.
Persecución a las denuncias falsas:Si bien en España el porcentaje de denuncias falsas en los juzgados es ínfimo, no es menos cierto que la práctica totalidad de denuncias por malos tratos que no acaban en condena para el hombre se archivan sin que ello suponga ningún tipo de investigación por parte de la justicia. Cabe destacar, que aún en los casos que no hay condena, ello ya ha supuesto un gravísimo perjuicio para el afectado que ha tenido que enfrentarse a un proceso penal, caen el señalamiento de la sociedad y perder por el camino la posibilidad de luchar por la custodia de sus hijos y otros derechos como padre.
El uso torticero de las denuncias es conocido en todas las salas de justicia y despachos de abogados, por ello los padres separados piden que se juzgue con todo el peso de la ley a quienes maltratan a sus parejas en cualquiera de sus formas, pero que se aplique la misma dureza a las mujeres que hacen un uso beneficioso de interponer denuncias falsas o engañosas, basadas en testimonios inventados, con el claro objetivo de que la balanza caiga de su lado. Lo cual solo se puede hacer investigando las denuncias sin base o fundamento.
La pregunta ahora es: ¿les parecen accesibles y motivadas las peticiones de la Asociación de Padres de Familia Separados?