SAN JOSÉ (dpa) – El 1 de julio de 2010, los habitantes de Costa Rica, un pequeño país centroamericano que abolió el ejército hace seis décadas y es considerado uno de los grandes oasis de paz en el mundo, fueron sobresaltados por una trágica noticia.
Un adolescente de 17 años, enojado con su superior, mató de un disparo a la directora de su colegio en la ciudad de Heredia, ubicada 10 kilómetros al oeste de San José. El joven portaba camuflado entre sus cuadernos un revólver calibre 38.
Aún perdura en el recuerdo el caso de un médico que murió por los disparos de un hombre al que reclamó haberle golpeado el auto, o el de otro que mató a una persona en una discusión por un perro. Y más recientemente, el de un conductor que fulminó de un tiro a un funcionario de la casa presidencial que lo había agredido tras enfrascarse en una trifulca en un atasco.
Estos hechos han sacado a relucir un problema que causa seria preocupación: Costa Rica, el país del Premio Nobel de la Paz Óscar Arias y uno de los impulsores del tratado general de control de armas en Naciones Unidas, se ha inundado en los últimos años de pistolas y rifles, aparentemente como respuesta a un creciente clima de inseguridad y de aumento de la delincuencia, el crimen organizado y el narcotráfico.
El asunto ya se había convertido en eje de polémica hace dos años, cuando el viceministerio de Justicia y Paz publicó un estudio sobre la proliferación de armas legales e ilegales en el país y su vinculación con la seguridad y el aumento de los crímenes y la delincuencia.
En aquel momento, el gobierno de la entonces presidenta Laura Chinchilla impulsaba un proyecto de reforma de la ley de armas que rige en el país, y que aún está en espera en una subcomisión de la Asamblea Legislativa, junto a otro proyecto promovido desde mucho antes por el opositor Partido Movimiento Libertario.
«Costa Rica se ha convertido en puente, al igual que en el caso del narcotráfico, para el trasiego de armas», especialmente después de los años 80, cuando los grupos insurgentes que emergieron en diversos países, por razones políticas, fueron desmovilizados y reinsertados a la vida civil tras los acuerdos regionales de paz, dijo a dpa Max Loría, ex viceministro de Justicia y Paz.
Loría es actualmente director del Proyecto de Seguridad Ciudadana y Prevención de la Violencia, una iniciativa de la Fundación del Servicio Exterior para la Paz y la Democracia (FUNPADEM).
«Es una situación muy seria y delicada», sobre todo porque mucha gente considera que es necesario armarse ante la inseguridad y la criminalidad en un país que tiene como una de sus grandes cartas de presentación ante el mundo el ser una nación de paz y haberse convertido en el primer Estado en abolir su ejército, comentó Loría.
En un reciente reportaje del diario local «La Nación», las cifras dejan entrever que Costa Rica se ha vuelto un país «armado» en el que circulan casi medio millón de armas. De ellas, 230.000 están registradas, lo que en la práctica supondría una por cada costarricense. Y eso supera las cifras per cápita de países como El Salvador o Colombia.
Los datos sobre las armas que circulan en el país de forma legal e ilegal no incluyen los arsenales del Estado, cuya fuerza pública consta de unos 15.000 policías.
En los últimos años se ha acalorado el debate entre los defensores de la tenencia de armas como salida para preservar la seguridad y quienes consideran que el número de armas debe reducirse al tiempo que han de endurecerse los controles y penas para la posesión de armamentos ilegales.
Hace dos años, la Asociación Pro Defensa Civil y de la Seguridad Ciudadana, no gubernamental, exigió que consagrar en la ley la tenencia legal de armas como un «derecho» y no una prerrogativa del Estado; tesis, esta última, que cuenta con el aval de la sala constitucional.
Al margen de las posiciones de uno y otro sector, la huella del aumento de la presencia de armamentos se observa casi a diario. En los barrios del sur de la capital se ha desatado en los últimos días una guerra, con saldo de unos ocho muertos a tiros, entre bandas presuntamente de narcotraficantes por disputas de territorios.
En la provincia de Limón, en el caribe costarricense, la violencia donde median casi siempre armas de fuego, incluidos fusiles de alto calibre como los AK-47, es noticia casi cotidiana.
Por Ernesto Ramírez