Oviedo, 3 jul (EFE).- El exhostelero José Antonio Iglesias Monteserín ha afirmado hoy durante su declaración como testigo en el juicio por exacciones ilegales contra el alcalde de Cudillero, Francisco González, que este municipio había «caciquismo», y que no denunció antes los hechos «por miedo».
Estas han sido algunas de sus declaraciones durante la segunda jornada de la vista del juicio con jurado que se celebra en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Oviedo contra González y la exconcejala del consistorio pixueto María Verena Prendes por un presunto delito continuado de exacciones ilegales.
Tras la declaración ayer de los dos acusados, esta mañana ha sido el turno como testigos, entre otros, de algunos de los propietarios de los establecimientos instalados durante la temporada estival en la zona portuaria de Cudillero, así como del director del Puertos del Principado en el año 2005.
Sobre el pago por parte de los hosteleros entre 2003 y 2008 en concepto de tareas de seguridad nocturna, prestada por agentes de la Policía Local a cuatro chiringuitos de la localidad, Iglesias Monteserín ha sostenido que en este municipio costero se hacía «lo que dijera el alcalde».
Ha afirmado que González trasladó a los propietarios de los establecimiento que «no habría chiringuitros» si no pagaban la tasa acordada para la vigilancia nocturna ejercida por los agentes.
Iglesias Monteserín, que regentó uno de los bares instalados en el recinto portuario en 2005 y 2006, emplazado a unos 2 kilómetros del otro establecimiento de su propiedad en el municipio, a la pregunta de uno de los abogados sobre si el sargento de la Policía Local Prudencio Flórez fue la primera persona que se enfrentó al exregidor, ha respondido que cree «que sí».
En opinión de otro de los hosteleros que regentó un bar en el año 2008, Jesús Álvarez López, no existió «acuerdo» para el pago del servicio de vigilancia nocturna a cargo de los agentes, ya que fue una «imposición» por parte del alcalde.
Ha explicado que acató esa imposición porque le «interesaba» ya que su objetivo era «ganar dinero» con la instalación y explotación del bar.
Álvarez López también ha revelado que ha presentado denuncia anteriormente porque «cuando alguien como un alcalde o una concejala te pide que tienes que pagar, crees que está bien», y ha añadido que a raíz del litigio entre Prudencio y el Ayuntamiento se percató de que la «injusticia» cometida con los responsables de los chiringuitos.
Todos los hosteleros que han prestado declaración esta mañana – Ángel María Marqués, José Antonio Iglesias Monteserín, Benjamín y Marta Valle, y Jesús Álvarez- han coincidido en que los establecimientos instalados en la zona portuaria contaban con vigilancia privada al margen de la ofrecida por la Policía Local.