Oviedo, 13 nov (EFE).- El Consejo de Gobierno del Principado ha aprobado el segundo proyecto de ley de reestructuración del sector público, que se centra en la reorganización de la televisión autonómica, que refundirá en una las cuatro sociedades actuales, reducirá consejeros y verá marcados sus objetivos por el Parlamento para los próximo 9 años.
«Se apuesta por gestión publica, eficaz y transparente, de calidad en sus contenidos y austera en el gasto», ha señalado el portavoz del Gobierno, Guillermo Martínez en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Ejecutivo.
Ha asegurado que la televisión autonómica ya ha hecho un ajuste económico importante y que el ente autonómico asturiano está «muy lejos y es diametralmente opuesto a otros casos que están de actualidad (en referencia al anunciado cierre de la televisión valenciana), con unas dimensiones muy diferentes y con unos objetivos muy diferentes».
Martínez ha destacado que en este proyecto de ley se contempla la adecuación del régimen jurídico del servicio público de comunicación audiovisual del Principado a la actual normativa estatal y apuesta por una televisión austera en el gasto.
Entre las novedades, se establece un modelo de gestión más simple y eficaz mediante la eliminación del actual Ente Público de Comunicación y la fusión de las otras tres sociedades -Radio del Principado, Productora de Programas y Televisión del Principado- en una única que pasará a denominarse Radio Televisión del Principado.
El proyecto prevé también la elaboración y aprobación por parte del parlamento regional de un «mandato-marco» por un periodo de nueve años en el que se fijen los objetivos generales del servicio público de comunicación.
Este mandato, según ha precisado Guillermo Martínez, se concretará en contratos-programa con vigencia de tres años, que se firmarán entre el Gobierno y la televisión autonómica.
En cuanto al consejo de administración, se reducirá de 15 a diez el número de miembros, mientras que el Consejo de Comunicación, pasará de los 15 actuales a 11, sin retribución.
También prevé la creación de un consejo de informativos como órgano de participación interna de los profesionales de la información, que no recibirán compensación económica alguana por su participación.
El proyecto de ley incluye también la modificación del objeto social de la Sociedad Regional de Recaudación, que pasará a ajercer trabajos y servicios accesorios y de apoyo en el ámbito tributario, complementando las funciones del Ente Público de Servicios Tributarios.
Según Martínez, esta ley supone un paso más en la reestructuración del sector público, «para fortalecerlo, no para desmantelarlo», tras la aprobada el 24 de mayo que «en buena parte ya se ejecutó o está en proceso».
Ha incidido en que el sector público asturiano tiene una dimensiones moderadas «se compare con quien se compare» y que próximamente se presentará un tercer proyecto de ley que se centrará en el marco jurídico y normativo.