Madrid, 19 feb (EFE).- Prohibido su uso desde 2001 en toda España, el amianto continúa muy presente en algunos edificios y en numerosos artículos de uso diario, y por ello, Ecologistas en Acción publica ahora una guía para aprender a reconocerlo y a comportarse ante él.
«Guía básica y práctica sobre amianto (uralita)» es el título del documento cuya edición se justifica, según esta organización, en «el peligro de enfermedades mortales o muy graves y la falta de un plan exhaustivo para eliminar definitivamente» un producto que se puede encontrar en canalones, revestimientos y pavimentos, pero también en enchufes, tostadoras o pinturas.
Además de repasar la legislación vigente y las obligaciones formales de las administraciones ante este material «venenoso y cancerígeno», el texto señala varias formas de reconocerlo, con fotografías y descripciones, y explica qué se debe hacer y qué no en el caso de encontrarlo.
El grupo Ecologistas en Acción exige la aplicación de tres medidas urgentes para afrontar este problema: un inventario de todo el amianto o asbesto existente, un plan exhaustivo de desamiantado y una serie de compensaciones que sirvan para resarcir a las personas que estuvieron expuestas al mismo, así como a sus familiares.
Las «excelentes» cualidades aislantes o mecánicas y su bajo coste generalizaron su uso hasta que se descubrió los perniciosos efectos para la salud que tenía la inhalación de polvo de amianto y, en menor medida, su ingestión o su entrada en el cuerpo humano a través de los poros de la piel.
Los daños incluyen «miles de muertes, también en España» tal y como destaca la guía, pero el largo período de latencia de muchas de las enfermedades que provoca y su presencia todavía en numerosos lugares ha llevado a la Organización Mundial de la Salud a pronosticar 107.000 muertes anuales por exposición laboral en los próximos decenios.
Ecologistas en Acción defiende la aplicación del principio de «el que contamina paga» y pide recabar los fondos compensatorios para las víctimas en las compañías implicadas.
En el caso español, considera «principal empresa responsable» a Uralita que, afirma, «continúa operando con ese nombre aunque con distintos propietarios» sin haber llegado a «enfrentar consecuencias legales y administrativas contundentes».