Oviedo, 15 nov (EFE).- El presidente de Foro, Francisco Álvarez-Cascos, ha asegurado hoy que el jefe del Ejecutivo, Javier Fernández, ha mentido al achacar a su etapa de Gobierno el gasto de 172.000 euros al que tendrá que hacer frente el Principado tras el rechazo en los tribunales del recurso contra la sentencia que anulaba la retención de crédito de 11 millones practicada a la RTPA.
Esta resolución judicial ha sido desvelada hoy por el jefe del Ejecutivo regional, Javier Fernández, en su respuesta a una pregunta del líder de Foro sobre los recursos judiciales presentados por el Gobierno regional tras la sentencia que obliga al Estado a devolver a Asturias los fondos mineros suprimidos por el Ejecutivo central.
Según Fernández, los tribunales han decidido ahora rechazar el recurso del anterior Gobierno e imponer al Principado las costas del proceso «que tendrán que pagar los asturianos» por el intento de Cascos de «ahogar a la RTPA» y de aplicar al frente del Ejecutivo «su irrefrenable vocación de recurrir todo ante los juzgados».
En los pasillos de la Junta Generl, Cascos ha señalado a los periodistas que esta cantidad obedece a los honorarios reclamados por el abogado Eduardo Fernández Prieto, como «letrado de confianza» del director general de la TPA, Antonio Virgili, en los recursos que puso contra la decisión del anterior Gobierno de recortar los fondos destinados a la televisión autonómica.
El líder de Foro Asturias ha recordado que tanto la TPA como la RPA y la Productora de Programas del Principado presentaron recursos contra los acuerdos adoptados en su etapa de Gobierno que perdieron en todos los casos y que les defendió el letrado mencionado.
Cascos ha señalado que la sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias desestimó estos recursos contra la Consejería de Hacienda el 13 de septiembre de 2011, que tampoco autorizó las medidas cautelares solicitadas por ese letrado y que no impuso costas.
Esos 172.000 euros de los que habla el presidente, según Cascos, se refieren a una decisión adoptada por el director general de la TPA, por contratar a un letrado «sin fijar la cuantía de los honorarios».
«Esos honorarios son responsabilidad de la TPA y de Virgili que contrataron a este señor como abogado de confianza» para recurrir unas decisiones adoptadas por el Gobierno de Foro que cumplían con todos los requisitos exigidos, ha señalado Cascos, que ha advertido de que su formación no descarta reclamar responsabilidades patrimoniales por ese gasto que considera excesivo.