La consejería de Bienestar Social y Vivienda elabora una nueva resolución que minimizará el impacto de las reformas introducidas por el Gobierno de España en el copago de la dependencia y beneficiará a los usuarios de residencias de Establecimientos Residenciales para Ancianos de Asturias (ERA).
Los acuerdos del Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia del mes de julio de 2012 se incorporaron a la normativa autonómica a través de la Resolución del pasado mes de junio, aunque el ERA no hizo efectiva su aplicación a la vista de los perjuicios que implicarían para los usuarios de las residencias del organismo autónomo, un impacto que ahora se minimiza con la nueva resolución.
La aplicación de la normativa estatal habría supuesto un incremento de la cuantía a abonar por el copago para las personas dependientes por el disfrute de su plaza residencial del ERA. Esto comportaría una sensible disminución de la disponibilidad de dinero con el que contaban los residentes para cubrir sus necesidades; lo que también, por otro lado, originaría una importante falta de liquidez en los residentes que con toda seguridad llevaría a no poder hacer frente al copago correspondiente. Además, y en último extremo, podría llevarles a renunciar a la plaza residencial.
Con esta nueva resolución el objetivo es que los usuarios dependientes en plazas residenciales del ERA continúen disfrutando de la disponibilidad de dinero en efectivo para atender a sus necesidades vitales sin que el aumento del copago afecte a su estabilidad, derivando la liquidación de la deuda generada hacia el caudal hereditario al momento del fallecimiento.
Este asunto fue uno de los que se analizaron en el consejo de administración del ERA, que se reunió esta mañana, donde también se realizó un repaso al plan de obras. El organismo autónomo mantiene las previsiones en la ejecución de las obras actuales, así como en la puesta en marcha de nuevos centros. El objetivo del ERA es continuar con su política de puesta a disposición de las personas mayores de nuevas plazas que contribuyan a ir reduciendo la lista de espera.
El consejo de administración también acordó la elaboración de un informe jurídico que valore los perjuicios que para el buen nombre del organismo público y de sus trabajadores suponen las manifestaciones vertidas por la autodenominada Oficina de Defensa del Anciano, así como por arrogación de funciones y la confusión que su denominación ocasiona en relación al Letrado del Anciano, órgano administrativo adscrito a la consejería de Bienestar social y Vivienda y creado por ley 7/91 de Asistencia y Protección al Anciano, y entre cuyas funciones está la defensa de los derechos de las personas mayores y el ejercicio de los cargos tutelares que le son encomendados por la administración del justicia al Principado de Asturias.