Oviedo, 14 nov (EFE).- El consejero de Presidencia del Gobierno del Principado, Guillermo Martínez, ha reclamado hoy al Ejecutivo central los 594.000 euros que están pendientes de ser abonados para la modernización y digitalización de la administración de Justicia en la comunidad autónoma.
En un encuentro que ha mantenido en Madrid con el secretario de Estado de Justicia, Fernando Román, y el secretario general de la Administración de Justicia, Joaquín Silguero, el portavoz del Gobierno asturiano ha recordado que aún esta pendiente de abono esa cantidad, que figura en el convenio suscrito entre ambas administraciones y la entidad pública RED.es.
Este convenio, con vigencia hasta finales de 2014, garantiza la colaboración económica para la digitalización de los servicios públicos de justicia, informa el Gobierno asturiano en un comunicado.
Martínez ha planteado hoy la necesidad de disponer de esa aportación económica para hacer efectiva la implantación en 85 salas de las 96 existentes en la administración de Justicia asturiana de un sistema que posibilita la grabación digital de las vistas y los juicios sin necesidad de estar presente el secretario judicial.
En ese mismo ámbito ha anunciado que el Gobierno del Principado destinará más de 98.000 euros, correspondientes a 2012, para dotar de un sistema de videoconferencia a 30 salas de vistas durante el l próximo año, con lo que la región pasará a contar con 38 salas dotadas de ese servicio.
Martínez ha dado a conocer también al Ministerio las líneas fundamentales del diseño y creación de la nueva Oficina Judicial en los partidos judiciales de Gijón, Avilés y Oviedo que impulsa el Ejecutivo asturiano.
En el primer semestre del próximo año se remitirá un borrador del documento al Consejo General del Poder Judicial, que es el encargado en principio de informar sobre la organización de la nueva oficina, aunque será el Ministerio de Justicia el que, en último término, apruebe la relación de puestos de trabajo y de los secretarios judiciales, para dar vía libre a su implantación.
Martínez también ha planteado al Ministerio la difícil situación generada a las comunidades autónomas con la asistencia jurídica gratuita, que como la de Asturias tiene las competencias en materia de justicia. En ese contexto, instó al Ministerio de Justicia a convocar el grupo de trabajo para valorar las consecuencias de la nueva ley de tasas y su modificación, con el fin de poder pactar el incremento en el gasto generado a las administraciones autonómicas.