El Consejo de Gobierno asturiano ha aprobado un gasto de 29,5 millones destinado a reforzar el sistema de derechos sociales. Por una parte, ha autorizado una partida de 19 millones para el salario social básico y otra de 7,5 millones para asegurar el abono de las prestaciones vinculadas a la dependencia. En ambos casos, los fondos permitirán hacer frente a los pagos correspondientes a enero y febrero de 2021. Por otro lado, el Ejecutivo ha acordado destinar 3 millones más para sufragar las ayudas a la dependencia de este mes de noviembre.
En enero de 2020 percibían el salario social básico 22.178 personas. Las estimaciones de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar apuntan a que en el mismo mes de 2021 habrá cerca de 21.100 titulares de la renta mínima, lo que representa un descenso interanual de más de mil (-4,5%). Con ese cálculo, el coste mensual de la nómina se aproximará a los 9,4 millones. La reducción del número de perceptores, que se deriva de la entrada en vigor del ingreso mínimo vital, se irá afianzando a lo largo del próximo año, a medida que avancen las revisiones de expedientes por parte del Instituto Nacional de la Seguridad Social.
Por el contrario, el número de beneficiarios de las prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) ha aumentado como consecuencia del plan de choque impulsado por la consejería para agilizar la gestión de los expedientes. Así, mientras que en enero de este año recibían una prestación económica 9.272 personas, se espera que en el mismo mes de 2021 lo hagan 11.750. De este modo, el gasto mensual por este concepto superará los 3,5 millones, lo que representa un crecimiento del 44% en un año.
El crédito inicial destinado a las ayudas del SAAD para 2020 era de 29,6 millones, pero el incremento de perceptores ha provocado que se agote el crédito, por lo que resulta necesario ampliarlo para hacer frente al gasto de noviembre. En los primeros once meses del año, el número de beneficiarios ha pasado de 9.272 a 10.900 (+ 17,5%). Por tanto, el gasto final anual se elevará en 7,4 millones hasta situarse en torno a los 36, un 25% más que en 2019.