Oviedo, 13 nov (EFE).- El Gobierno asturiano aspira a recuperar los 8,2 millones que reclamaba en el juicio seguido por el hundimiento en noviembre de 2002 del petrolero ‘Prestige’ frente a la costa gallega, que provocó una marea negra que afectó al litoral cantábrico, pese a la sentencia absolutoria para los tres acusados.
En declaraciones a los periodistas, la consejera de Fomento, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente del Principado, Belén Fernández, ha recordado que el Ejecutivo regional está personado en la causa a través de la Fiscalía para la defensa «íntegra» de los intereses patrimoniales afectados como consecuencia del accidente y que la administración autonómica cifró en 8,2 millones de euros.
Pese a la resolución judicial, que supone que el de hoy sea «un día triste» para quienes entienden que el medio ambiente es «un bien de todos» que se debe «conservar y proteger», según la consejera, el Principado espera que se resarzan «íntegramente» las consecuencias y daños causados por un desastre «que nunca debía haberse producido».
El Principado suscribió en julio de 2004 un acuerdo con el Ministerio Fiscal para que defendiese los intereses patrimoniales de Asturias en el proceso abierto en los tribunales gallegos.
Las cantidades que reclamaba Asturias hacían referencia únicamente a los gastos directos que tuvo que afrontar el Principado para la retirada de más de 4.500 toneladas de residuos en su litoral y no a los daños provocados en el litoral asturiano ni al lucro cesante de sectores económicos como el turístico o el pesquero.
Tras el siniestro, el Gobierno central firmó un convenio con los veinte municipios costeros asturianos afectados para percibir del Estado 1,6 millones de euros en concepto de indemnización
Además, en mayo de 2007, el Ejecutivo regional aprobó entregar 2,9 millones de euros a 689 pescadores y armadores asturianos en concepto de adelanto por las indemnizaciones que les correspondiesen por las consecuencias del vertido de fuel procedente del «Prestige», que llegó a las costas asturianas en diciembre de 2002.
Durante el juicio por el hundimiento del petrolero, el director general de Pesca Marítima del Principado, Alberto Vizcaíno, compareció ante el tribunal para asegurar que Asturias seguía pagando los daños causados y advirtió de que había especies que no se habían recuperado y cuyo niveles de capturas se mantenía en cifras anteriores a 2002.
Vizcaíno cifró en más de 4,4 millones los daños directos causados por el vertido a los que habría que sumarle «intangibles», como la recuperación de calderos y de espacios naturales, que no cuantificó, y calificó de «irrisoria» la cantidad de 600.000 euros en los que el Fondo Internacional de Indemnización de Daños a la Contaminación por Hidrocarburos (FIDAC) estimó los daños en Asturias.
El director general recordó ante el tribunal que el Gobierno asturiano adelantó a los afectados 2,9 millones y que no le constaba que hubieran sido reintegrados por la administración central.
El tribunal ha absuelto de los principales delitos a los tres acusados en este proceso y ha eximido al Gobierno español de sufragar los daños que se le reclamaban.
La sentencia establece que no existe responsabilidad penal por lo que ha exculpado de los destrozos de la marea negra a los tres acusados, el exdirector de la Marina Mercante José Luis López Sors; el jefe de máquinas Nikolaos Argyropoulos, y el capitán del buque, Apostolos Mangouras, al que ha condenado a nueve meses de prisión por un delito de desobediencia grave.