Madrid, 2 oct (EFE).- La calidad media de la I+D+i española es «baja» y sus principales debilidades son una gobernanza fragmentada, rigideces en la administración que dificultan la circulación de conocimiento y de personas, y la ausencia de un sistema de evaluación de las políticas y de los niveles de calidad.
Así lo pone de manifiesto una auditoría llevada a cabo por un grupo de expertos de la Comisión Europea (European Research Area Committee, ERAC), cuyas conclusiones ha presentado esta tarde la secretaria de Estado de I+D+i, Carmen Vela, en comisión parlamentaria.
A la luz del diagnóstico, las recomendaciones del panel de expertos europeo para España pasan, sobre todo, por incrementar los recursos destinados a la I+D+i, aunque ligándolos a reformas estructurales «que permitan un uso más eficiente y eficaz de la inversión pública».
Para ello, Vela ha dicho que su departamento «ha mantenido la estabilidad en el presupuesto, y de las convocatorias».
Los expertos dicen que los recursos humanos son «el problema más acuciante del sistema y es necesario actuar de carácter inmediato» para que entre talento joven en el mismo.
Para ello recomiendan un «cambio radical» en la gestión de la carrera investigadora que promocione a posiciones de liderazgo científico y a una total autonomía a los investigadores que tienen más talento y méritos, y que facilite la movilidad tanto entre las propias instituciones científicas como entre estas y el sector privado.
Hablan de que España necesita instaurar una carrera investigadora «alternativa al modelo funcionarial vigente».
«La reforma institucional de los organismos públicos de investigación (OPIs) y de las universidades es fundamental», apunta otra de las recomendaciones.
Los expertos indican que esos organismos y universidades deben contar con más autonomía, mejor gobernanza y mayor transparencia; y que, además, tienen que estar sujetos a un sistema de evaluación que determine la asignación de recursos tanto directa como indirecta, de manera que un porcentaje de la financiación pública que reciban (al menos el 10%) esté ligado a esa evaluación.
España necesita una agencia independiente para implementar una parte de las reformas propuestas y, según Vela, la tendrá en 2015.
Recomiendan también un seguimiento eficaz y evaluación para apoyar una política basada en la evidencia, y es que han detectado que «ni se analiza bien el impacto de los proyectos de investigación, ni se les hace el debido seguimiento».
El resto de recomendaciones apuntan a que un modelo de innovación eficaz requiere un nuevo nivel de coordinación entre los agentes, lo que incluye la creación de consorcios nacionales denominados Ámbitos Estratégicos de Innovación; a que el sistema español necesita más agentes empresariales implicados, así como un mercado y una cultura para la innovación que le acompañen.