El portavoz de VOX en la Junta General, Ignacio Blanco, ofreció este martes una rueda de prensa al término de una reunión mantenida con representantes del colectivo de interinos del Principado de Asturias. “Exigimos a la Administración asturiana el mismo respeto a sus trabajadores que se exige a la empresa”, indicó Blanco, quien apunta que “el caso de miles de empleados públicos en Asturias en situación de interinidad sería objeto de sanción si se produce en la empresa privada”.
“Mientras a la Ministra de Trabajo en funciones se le llena la boca con nuevas regulaciones absurdas, o recrimina la temporalidad en la empresa privada, mira hacia otro lado cuando desde la Administración Pública se abusa de la temporalidad a través de contratos de interinidad, que en ocasiones rebasan los 20 años de antigüedad”, apunta Blanco.
El portavoz de VOX hizo estas declaraciones tras reunirse con representantes de los colectivos de interinos, que no han sido atendidos por ningún partido en sus justas reclamaciones. “Se está utilizando fraudulentamente la contratación temporal del personal público interino, pensado para sustituciones, y que se utiliza estructuralmente para cubrir puestos no temporales en la administración”, advirtió Ignacio Blanco, quien insistió en que “se persigue a la empresa privada pero en la administración se mira hacia otro lado. Con la norma de los 3 años pasarían a ser indefinidos en Asturias 7.621 empleados sobre un total 12.197, de los cuales 9.967 perteneces a la Administración y 2.400 a Fundaciones, Ayuntamientos y resto de organismos”.
Como refiere el diputado de VOX Asturias, “en España, la Administración no respeta la Directiva 1999/70/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, relativa al acuerdo marco de la CES, la UNICE y el CEEP, sobre el trabajo de duración determinada. Los contratos de interinidad en Asturias no se utilizan para cubrir servicios públicos de forma provisional, por razones de urgencia o necesidad justificada, sino que, al contrario, se están cubriendo necesidades permanentes y ordinarias, por lo que no existiría causa justificable para esa contratación temporal”.
“El Acuerdo Marco, mencionado, no esta transpuesto para el sector público, pese a ser una Directiva Comunitaria. Esa Directiva que pretende proteger el derecho a la estabilidad en el empleo. La administración asturiana tiene prohibido transformar la sucesión de contratos temporales en un contrato indefinido, pero para que esa norma se pueda entender conforme con el Acuerdo Marco de la Directiva, se debe contar con otra medida efectiva para evitar, y en su caso sancionar, la utilización abusiva de contratos de duración determinada, de forma tal que al carecer de la misma el Acuerdo Marco impediría la aplicación de esta norma nacional”, ha explicado Ignacio Blanco.
Finalmente concluye el diputado de VOX afirmando que “todo parece apunta a que podríamos estar ante un abuso o incluso un fraude de ley de la administración con respecto a sus trabajadores, ante el uso abusivo de los contratos de duración determinada. Sólo hay que revisar lo previsto en el Estatuto de los trabajadores, art. 15, en el que se presumen por tiempo indefinido los contratos temporales celebrados en fraude de ley.”