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GIJÓN, 18 Sep. (EUROPA PRESS) – El concejal de Hacienda en el Ayuntamiento de Gijón, Alejandro Roces, ha achacado este miércoles el que el concurso de la póliza de responsabilidad civil quedara desierto a un error de interpretación en el precio del contrato, al creer las empresas que los 60.000 euros eran por dos años y no por cada uno, aunque también al hecho de el porcentaje de la participación en beneficios de partida, del 50 por ciento, podría haber parecido «muy elevado».

Roces, en rueda de prensa en el Consistorio, no ha visto mayor problema a que el concurso haya quedado desierto y achaca a la novedad de los pliegos la necesidad de reajustarlos. Con todo, ha remarcado que el Gobierno Local no va a renunciar a esta póliza, aunque harán un escalado de la participación en beneficios para que se prime a quien más ofrezca.

Asimismo, sobre las críticas al contenido del mismo, ha recalcado que han mantenido una reunión con la Oficina de Igualdad donde se ha revisado y depurado el texto y en la que ha quedado claro que los actos dolosos e intencionados no se cubren.

También ha llamado la atención sobre que el PSOE e IU-LV pidan ahora que se consensúe el pliego de condiciones, cuando antes pedían su retirada, mientras que el PP entra «de manera ruidosa» en el debate pidiendo la retirada de este y que Foro se olvide del tema.

El edil ha avanzado a este respecto que se va a pedir un informe no vinculante a la Oficina de Igualdad para que diga si se circunscribe a las condiciones de igualdad y otro jurídico, al tiempo que se escuchará al resto grupos políticos si lo que quieren es consensuar el pliego.

Sobre la vinculación hecha desde la oposición de este caso con el del concurso para la prestación de servicios bancarios y que inicialmente también quedó desierto, ha insistido en que la intención de la convocatoria «no era para echar a nadie ni castigar a nadie», con referencia a Liberbank, que venía dando ese servicio hasta la fecha. Es más, ha tildado de «éxito rotundo» del Ayuntamiento la resolución del concurso, adjudicado a Liberbank, ya que se salvaguardaron patrocinios como el del Festival de cine.

GIJÓN, 18 Sep. (EUROPA PRESS) – La diputada nacional y presidenta de la gestora del Partido Popular de Gijón, Ángeles Fernández-Ahúja, ha recordado este miércoles que existen cuatro millones de euros de remanente presupuestario en el Ayuntamiento pendientes de negociación, y ha propuesto que «sean destinados a la reactivación económica y creación de empleo».

Así lo ha manifestado, a través de una nota de prensa, después de que se desprenda de la revisión de la ley de estabilidad presupuestaria, acordada ayer en el Congreso de los Diputados, que esta beneficiará a los ayuntamientos cuyas cuentas están saneadas y servirá para generar empleo, «que es la prioridad del Partido Popular en todos sus ámbitos», ha apostillado.

Fernández-Ahúja explicó que el Grupo Parlamentario Popular acordó con el de CiU el contenido de una proposición no de ley instando al Gobierno a reformar la ley de estabilidad presupuestaria, de modo que los ayuntamientos que pagan a sus proveedores en plazo y acumulan remanentes de tesorería puedan destinar esos recursos a inversiones que no generen gastos y a proyectos generadores de empleo.

OVIEDO, 18 Sep. (EUROPA PRESS) – La diputada de IU en la Junta General del Principado de Asturias Emilia Vázquez ha dicho este miércoles que la Consejería de Educación del Principado de Asturias debe revisar la nueva normativa del transporte escolar aplicada en este inicio de curso y establecer una moratoria hasta el próximo año, una vez sea consultada toda la comunidad escolar y ayuntamientos.

Vázquez, a través de una nota de prensa, ha considerado que los padres fueron conocedores de estos cambios cuando los escolares ya estaban matriculados y no tuvieron oportunidad de organizarse o adaptarse ante este cambio «que dificulta la conciliación de la vida laboral y familiar».

La diputada también entiende que no puede existir un criterio que se circunscriba estrictamente a distancias kilométricas dado que no es lo mismo una distancia en una ciudad con servicios que la misma en una carretera que puede generar inseguridad y peligro física para los estudiantes.

«Especial atención debe recibir la escuela rural como elemento fundamental del mantenimiento de la población en estas zonas sin que el transporte escolar represente un nuevo handicap en su modo de vida, todo ello si apostamos por los servicios públicos y la igualdad independientemente donde se viva», explicó la diputada.

IU sostiene que la Consejería de Educación debería ser sensible a estas «razonables peticiones» ya que de no ser así el grupo parlamentario llevará a cabo iniciativas en la Junta General.