El abogado de los vecinos del Pisón en Gijón, Marcelino Abraira, ha sostenido este miércoles, en declaraciones a Europa Press, que el nuevo Estudio de Impacto Ambiental de la Estación Depuradora del Este (EDAR) iniciado por el Ministerio de Medio Ambiente no evitará la demolición de la infraestructura ya construida, al señalar que pedirán el próximo 24 de abril la ejecución forzosa de la sentencia de la Audiencia Nacional que obliga a la paralización «inmediata» de las obras.
Es más, ha afirmado que, salvo que se «falsearan» los datos, el nuevo Estudio de Impacto Ambiental, cuyo trámite podría durar un año o más, no podría dar como resultado que el mejor lugar para ubicar la depuradora es el Pisón, algo que, según él, ya consta en la sentencia de la Audiencia Nacional, donde dice que es el «peor» emplazamiento frente a los otros, como el de la Cagonera o Providencia -la cuarta alternativa era el Rinconín–.
Asimismo, el letrado ha señalado que ya se ha levantado acta notarial de que las obras continúan, pese a la sentencia del Tribunal Supremo (TS) que ratifica a su vez la dictada en su día de la Audiencia Nacional y que declara nula esta infraestructura. Es más, los vecinos dicen que tras la sentencia del TS el trabajo en la Depuradora continúa «casi a doble jornada».
Algo que, a su juicio, es «una huida hacia delante carente de toda base jurídica», a lo que ha confiado en que el Gobierno central rectifique y cumpla la sentencia, notificada el pasado 24 de febrero, y que da dos meses al Ministerio para que paralice las obras.
Abraira, además, ha advertido de que los vecinos del Pisón se defenderán jurídicamente por los daños y perjuicios ocasionados -ruidos, molestias, humos y otros– y pedirán responsabilidades penales.
En este sentido, el letrado ha señalado que el delito de prevaricación se aplica a cualquier funcionario que dicte una resolución arbitraria y, en este caso, las sentencias señalan que la decisión de ubicar la EDAR en el Pisón fue «arbitraria». Ha animado, de hecho, a que «dé la cara» quien tomó tal decisión.
Además, el caso está también remitido a la Fiscalía, por el desvío de un arroyo, y a la Unión Europea, al haberse financiado la obra en parte con fondos europeos. Sobre esto último, ha señalado que no le extrañaría que la Oficina de Lucha contra el Fraude europea (OLAF) pidiera responsabilidades, como en su día lo hizo con la ampliación de El Musel, a quién tomó una decisión arbitraria. Cabe recordar que la depuradora es una inversión de unos 40 millones de euros, que está declarada nula.
«No vamos a dejar ninguna oportunidad de denuncia», ha asegurado. «Tenemos razón», ha añadido, al tiempo que ha considerado «de Justicia» la paralización y demolición de una infraestructura que no tendría que haberse construido ahí.
