Asturias es la única comunidad autónoma donde bajaron las denuncias presentadas en los Juzgados de Violencia contra la Mujer en 2017, con un descenso de 36 demandas, que supone el 1%, y un descenso también de víctimas, con el 7% menos según los JVM. No obstante, se formalizaron un total de 2.711, una media diaria de 7,4.
En cuanto a las órdenes de protección, el Principado también arroja datos a priori menos negativos que la media nacional, ya que es la segunda autonomía con un mayor ratio de órdenes de protección dictadas, el 33%. “No se puede hablar de cifras positivas, ya que tener que proteger a mujeres porque exista un riesgo real nunca puede considerarse positivo, pero mientras existan denuncias, hablar de que una de cada tres cuenta con medida de protección indica que el sistema es más eficaz”, analiza Macarena Torres, portavoz de Igualdad de USO-Asturias.
En cuanto a la protección económica de las víctimas para garantizar su indepen-dencia, nos encontramos “con cifras también ligeramente por encima de la media en cuanto a contratos bonificados y de sustitución, pero muy lejos de lo necesario para que las mujeres que sufren violencia de género puedan ser autónomas de su agresor. Sobre el total de denuncias, el número de contratadas mediante estas modalidades previstas para garantizar la reinserción laboral solo alcanza el 0,9%, tres décimas por encima del cómputo general”, explica Macarena Torres.
Datos nacionales
El sistema de protección para las víctimas de violencia de género sigue fallando tanto en detección como en protección y reinserción. Según el “Informe sobre Violencia de Género 2018”, elaborado desde la Secretaría de Formación Sindical e Igualdad de USO, el número de denuncias presentadas en los Juzgados de Violencia sobre la Mujer aumentó un 16% en 2017 frente a 2016, creciendo en todas las autonomías, salvo en Asturias. “Sin embargo, la proporción de quienes consiguen que se dicte una orden de protección ha descendido, bajando al 24% de las mujeres en 2017 frente al 29% que la obtenían en 2015. Es preocupante que baje este ratio si tenemos en cuenta que el 30% de las mujeres asesinadas el año pasado a manos de sus parejas o exparejas habían interpuesto una denuncia, un 11% más que en 2016. Demuestra que la protección de las víctimas es deficiente”, denuncia Dulce María Moreno, secretaria de Formación Sindical e Igualdad de USO.
En este problema de toda la sociedad, desde el ámbito sindical queremos llamar la atención sobre el extremo más grave de la violencia de género, las 971 víctimas mortales a cierre del informe (hoy al menos 972) y los 27 menores asesinados, pero también sobre la dificultad que encuentran las víctimas que están en otras fases de la violencia de género para poder independizarse económicamente de su agresor.
En este sentido, “destacan de forma negativa las concesiones de ayudas económicas o la formalización de contratos para conseguir esa autonomía que, en muchos casos, es lo que acaba por atar a la víctima a su agresor e impedirle la ruptura con él”, explica Dulce María Moreno. Las ayudas económicas previstas por la Ley Integral contra la Violencia de Género de 2004 alcanzan únicamente a un 0,5% de las denunciantes. Además, las ayudas para cambio de domicilio y la recepción de la renta activa de inserción marcaron un pico entre 2014 y 2015 y, desde entonces, han descendido sus concesiones año a año.
Nuestro país registra más de 153.000 denuncias por violencia de género al año. Según el sistema de seguimiento integral VioGen, han ascendido el número de casos con algún tipo de riesgo apreciado, situándose los casos que no aprecian riesgo en el 46,03% de los estudiados, frente al 75% que se descartó en 2013, su primer año de funcionamiento. Los que sobrepasan el riesgo medio están cerca del 9,5%, frente a menos del 5% en 2013. También ha ascendido constantemente desde 2012 el número de usuarias de Atenpro, el servicio telefónico de protección a las víctimas. “A pesar de ello, las cifras de asesinatos machistas demuestran que el sistema no consigue proteger a las mujeres. Por lo tanto, tenemos que exigir que no se escatimen recursos. Que haya o no Presupuestos, no se deje de dotar de la partida correspondiente al tan necesario Pacto de Estado contra la Violencia de Género”, concluye la secretaria de Formación Sindical e Igualdad de USO.
