Oviedo, 27 mar (EFE).- UPyD ha presentado una moción en la Junta General que pide la disolución de Gispasa, la empresa encargada de la construcción del nuevo HUCA y del Hospital Álvarez Buylla, y que esta sociedad pública no se encargue a partir de ahora de la gestión de los servicios no sanitarios de ambos centros.
La iniciativa cuestiona la gestión realizada por Gispasa en el proceso de construcción de ambos hospitales que estuvo «plagada de irregularidades», generó un sobrecoste del 30 por ciento en el HUCA y duplicó el periodo de ejecución de cuatro a ocho años, según ha indicado en rueda de prensa el diputado de UPyD, Ignacio Prendes.
Prendes ha incidido en que estos aspectos figuraban en el informe de la Sindicatura sobre Gispasa, que señalaba que fue creada por el Gobierno para no incluir el endeudamiento que generase el nuevo HUCA en el balance de la comunidad autónoma aunque un año después esta deuda pasó a computar como parte de la acumulada por el Principado.
Además, planteaba que las modificaciones introducidas en la construcción del HUCA no eran estrictamente necesarias para la conclusión del proyecto como fue licitado, «por lo deberían haberse tramitado como obras accesorias o complementarias».
Para Prendes, estas «irregularidades» -aunque no figuren como tales en el informe- constatan que carece de sentido mantener la actividad de esta sociedad una vez que el HUCA empiece a funcionar pese al cambio de estatutos decidido por el Gobierno regional para convertir a la sociedad en un medio propio de la administración.
Este cambio en los estatutos permitiría, según el Gobierno, ahorrar entre 20 y 30 millones al año fundamentalmente en pagos tributarios y que Gispasa trabajase a través de encomiendas del Principado para gestionar todas las actividades del hospital no vinculadas al ámbito sanitario como la limpieza, el mantenimiento de los equipos o la explotación de los locales comerciales del HUCA.
Según el diputado de UPyD, de esta forma Gispasa -que supone un coste anual de unos 2 millones de euros y que tiene una plantilla de siete trabajadores- se convertiría en una oficina de contratación ajena a la estructura administrativa y dedicada a adjudicar a la iniciativa privada la gestión de los servicios no sanitarios.
Prendes ha considerado que esta iniciativa supondría «duplicar» las funciones del Servicio de Salud (Sespa), que cuenta con un departamento de contratación que gestiona ya estos aspectos en el resto de hospital de la red pública del Principado.
Además, ha incidido en que la continuidad de Gispasa constata «la nula voluntad del Gobierno de acometer la reducción del sector público» y ha recordado, de cara a la posible aprobación de su iniciativa, que este aspecto fue cuestionado por el resto de grupos parlamentarios, excepto el PSOE, en una reciente comparecencia en la que se analizó el informe de la Sindicatura de Cuentas.