Oviedo, 4 jul (EFE).- Un total de 56 de los 78 ayuntamientos asturianos rindieron sus cuentas correspondientes al ejercicio 2012 dentro del plazo legal, lo que equivale al 72 por ciento, frente al 37 por ciento que lo hicieron el año anterior, según un informe de la Sindicatura de Cuentas sobre el sector público local.
La Sindicatura explica que esta mejora en los niveles de rendición de cuentas ha estado propiciada por la «continua actuación» del órgano fiscalizador en colaboración con el Tribunal de Cuentas y las propias entidades.
Este trabajo ha permitido al Principado «dejar atrás una posición muy deficiente en el índice comparado de rendición de cuentas», reconoce la Sindicatura, que precisa no obstante que «aún se está lejos del deseable y obligado objetivo de rendición total en plazo».
El censo local asturiano estaba constituido al cierre de 2012 por 203 entidades, de las cuales 147 eran entidades locales (78 ayuntamientos, 13 consorcios, 17 mancomunidades y 39 parroquias rurales) y 56 entidades dependientes de éstas.
Este censo se ha mantenido prácticamente sin variación desde 2006 pese a que hay dos consorcios, tres mancomunidades, otros tres organismos autónomos y una fundación que no tuvieron actividad en los últimos ejercicios por lo que, según la Sindicatura, «debería procederse a su liquidación y disolución».
El número de entidades que rindieron sus cuentas de 2012 dentro del plazo legal fue de 138, el 68 por ciento del total, frente al 48 por ciento del ejercicio anterior, y entre los ayuntamientos ese porcentaje ha pasado en un sólo año del 37 al 72 por ciento.
Del análisis de las cuentas, la Sindicatura concluye que todas las entidades locales destinaron la mayor parte del presupuesto a gastos corrientes, entre los que la principal partida corresponde al personal en las mancomunidades, las inversiones reales en las parroquias rurales y los gastos en bienes corrientes y servicios en el resto.
La principal fuente de financiación en los ayuntamientos fueron los ingresos por impuestos directos, mientras que en las parroquias rurales fueron los ingresos patrimoniales y, en el resto de entidades, las transferencias corrientes recibidas.
Entre sus diferentes recomendaciones, el órgano fiscalizador propone reformas legales para «lograr una mejora de la gestión pública y una mayor transparencia» mediante «medidas sancionadoras que incentivaran la rendición de cuentas».
La Sindicatura entiende que «sería recomendable» que los indicadores de costes y de gestión, obligatorios sólo para municipios con más de 50.000 habitantes, fuesen también calculados por el resto de entidades locales y sus entidades dependientes.