Washington, 14 mar (dpa) – Tras meses aseverando que la única vía para una solución migratoria pasa indefectiblemente por una acción legislativa en el Congreso, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, sorprendió la noche del jueves al anunciar que ha ordenado la revisión de la política de deportación del Departamento de Seguridad Nacional para buscar una vía más «humana» de implementarla.
Aunque la decisión en sí no implica una política nueva -no se trata de un nuevo decreto, como le reclaman muchos activistas, sino de la mera exploración de posibilidades «dentro del marco de la ley»- analistas coincidían este viernes en considerarlo una concesión ante las crecientes presiones que sufre el mandatario por parte del que hasta hace poco era su mayor aliado, el poderoso lobby proinmigración, y hasta desde su propio Partido Demócrata.
Y es que en momentos en que el gobierno de Obama está a punto de batir el récord absoluto de deportaciones, dos millones en sus seis años de mandato, y con los esfuerzos de lograr una reforma migratoria frenados en el Congreso por la mayoría republicana que controla su cámara baja, las miradas, frustraciones y demandas de los activistas tornaron estos días parcialmente la espalda al Capitolio para exigirle una acción directamente a la Casa Blanca.
El reclamo fue literal: esta misma semana, decenas de activistas se plantaban ante la Casa Blanca con fotos de familiares deportados y desgarradoras historias de familias separadas por esta política alzando su voz con un sencillo pero contundente mensaje: ni una deportación más.
Además, no son los únicos. En las pasadas semanas, un número creciente de influyentes demócratas, como el senador Bob Menéndez o la líder de la minoría demócrata en la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, habían declarado públicamente que Obama debía hacer algo para detener el número de deportaciones.
A ello se une el disgusto que se llevó el presidente cuando una hasta ahora poderosa aliada, Janet Murguía, la presidenta de la agrupación hispana más poderosa del país, el Consejo Nacional de la Raza (NCRL), lo calificó hace apenas una semana como «deportador en jefe», en un juego de palabras que hace referencia a su calidad de comandante en jefe como mandatario.
«Está claro que las súplicas de la comunidad le llegaron al presidente», declaró el congresista demócrata Luis Gutiérrez, uno de los legisladores que más activamente lucha por la reforma migratoria, tras participar en la reunión en la Casa Blanca donde Obama reveló su decisión de revisar las prácticas de deportación.
Con todo, las reacciones al anuncio de Obama eran en las primeras horas del viernes comedidas. Muchos grupos están a la espera de la reunión que este mismo viernes mantendrá Obama con algunos de los líderes activistas proinmigración. Un encuentro que no figura en la agenda oficial del mandatario pero que han confirmado los grupos de cabildeo.
Está por ver además el efecto que el «inventario» de las políticas ordenado tendrá.
El presidente del caucus (grupo) demócrata de la Cámara de Representantes, Xavier Becerra, otro de los legisladores a los que Obama anunció la víspera su decisión, aseguró hoy en un encuentro con periodistas que su grupo trabajará activamente con el secretario de Seguridad Nacional, Jeh Johnson, para buscar la forma de «reducir el duro trato que muchas familias inmigrantes sienten» que reciben en el marco de las deportaciones.
«Trataremos de proteger a las familias que no se merecen ser separadas», prometió.
Todos sin embargo se han apresurado a subrayar que la verdadera acción sigue en manos del Congreso y, concretamente, de los republicanos que tienen la llave para permitir que se vote una propuesta de reforma migratoria, algo a lo que hasta ahora se han negado.
Por Silvia Ayuso
