Oviedo, 12 dic (EFE).- La mitad de las manifestaciones que se celebran en Asturias no se comunica a la Delegación del Gobierno, circunstancia que, con la nueva Ley de Seguridad Ciudadana que ha diseñado el PP, sería objeto de multa, según ha denunciado hoy el diputado socialista Antonio Trevín.
«Cuando sea efectiva esta ley, todo el que participe en una manifestación que no haya sido comunicada se enfrentará a multas de entre 100 y 600 euros», ha señalado.
El proyecto de ley de Seguridad Ciudadana pasó ayer el trámite en el Congreso con el único apoyo del PP y el rechazo en bloque de la oposición.
Trevín ha asegurado que se trata de una ley «desproporcionada y desmesurada» que en cuanto se apruebe de forma definitiva será recurrida por los socialistas ante el Tribunal Constitucional porque, según ha dicho, desde el PSOE están convencidos de que es anticonstucional.
El parlamentario socialista ha criticado también las prisas con las que, al parecer, se va a tramitar este proyecto, que ahora debe pasar al Senado y, posteriormente, de nuevo al Congreso para su aprobación definitiva.
Lo normal sería que este trámite se prolongase durante medio año pero, en opinión de Trevín, el Gobierno quiere que esté listo en el primer trimestre, antes de las elecciones autonómicas y municipales del mes de mayo.
Tras recordar que en España se produjeron en 2013 un total de 25.461 manifestaciones, y que la policía sólo intervino en 23, ha incidido en que esos datos demuestran que el único interés del Ejecutivo del PP es el de recortar derechos civiles y políticos y evitar que la gente se movilice tras los ajustes y recortes de servicios que se han producido en los últimos años.
De hecho, ha asegurado que la ley se hace para castigar más y con menos garantías las conductas críticas y quejas de los ciudadanos.
«Esta ley parece convertir al ciudadano que protesta en un ciudadano bajo sospecha», ha señalado Trevín, que ha señalado que la gente debe tener en cuenta que por primera vez en democracia se va a recortar también el derecho a la huelga.
Trevín ha acusado al ministro del Interior, Jorge Fernández, de querer convertir la calle en suya y arrebatársela a los ciudadanos y ha anunciado que el PSOE buscará acuerdos y consensos para derogar esta ley nada más se inicie la próxima legislatura.
