Oviedo, 17 jul (EFE).- La Junta General del Principado ha aprobado hoy con los votos del PSOE, IU y UPyD la Ley de Función Pública, normativa que permitirá reducir los puestos de libre designación o de confianza política más de un 60 por ciento y que pretende agilizar y modernizar la administración autonómica.
Éste ha sido el primero de los cuatro proyectos de ley que hoy serán aprobados tras 124 votaciones en un pleno extraordinario de la Junta General del Principado, que también debatirá el dictamen y los votos particulares de la comisión parlamentaria que investigó los últimos meses la gestión de la Fundación Niemeyer.
La Ley de Función Pública, que fue aprobado por el Consejo de Gobierno hace hoy un año, reducirá de 417 a 157 los puestos de libre designación, con lo que sólo el 0,78 por ciento de sus empleados se elegirán por ese procedimiento.
La 270 puestos que dejarán de ser de libre asignación en la administración regional, sin tener en cuenta el personal del Servicio de Salud del Principado, pasarán a ser cubiertos ahora por concurso entre el personal funcionario.
La libre designación quedará limitada a los secretarios de despecho y conductores de los miembros del Consejo de Gobierno y viceconsejeros, a los directores de centros y establecimientos públicos que determine la relación de puestos de trabajo y los puestos directivos.
Esta última figura es de nueva creación en el Estatuto Básico del Empleado Público y hasta ahora no se había desarrollado en el Principado, ha señalado la consejera.
El personal directivo estará compuesto por empleados públicos encargados de desempeñar los puestos de más alta responsabilidad dentro de la Administración, contarán con el mayor grado de autonomía funcional y estarán sujetos a un plan anual de objetivos.
El número de puestos directivos no podrá ser superior al doble del número de direcciones generales de la Administración por lo que, con la actual estructura éstos se situarían en torno a los 70, frente a los 180 que hay en la actualidad.
Otra de las novedades del proyecto de ley es que se establece una distinción entre el ámbito político y la carrera administrativa de los empleados públicos.
De este modo, los secretarios generales técnicos y el interventor general deberán ser funcionarios, mientras que, con la regulación que existía hasta ahora, cabía la excepción justificada.
Por su parte, los viceconsejeros, directores generales y directores-gerentes de organismos públicos tendrán configuración de alto cargo y no les será exigible la condición de funcionarios.
Para la socialista Marina Pineda, con esta ley se define una nueva estructura administrativa que diferencia los niveles políticos de los profesionales, que no va incrementar el gasto ni los puestos de libre designación.
Desde IU, Noemí Martín ha defendido la validez de esta ley para dar respuesta a una materia que está ampliamente judicializada y que va a permitir que haya una administración más moderna, ágil y eficaz.
Asimismo, ha afirmado que, frente a quienes dicen que la ley va a garantizar los enchufados con sueldos millonarios, se reduce notablemente los puestos de libre designación.
El portavoz de UPyD, Ignacio Prendes, ha recordado que esta reforma formó parte del frustrado pacto de legislatura con el PSOE porque su formación siempre ha considerado que había que atacar uno de los principales problemas de la administración, como era la extensión indebida de la libre designación.
Por contra, la portavoz de Foro, Cristina Coto, ha asegurado que ninguna ley suscitó tanta unanimidad en las discrepancias y que con ella el Gobierno ha buscado un subterfugio para poder seguir usando de forma «abusiva y generalizada» la libre designación.
Para Foro, que ha visto rechazadas las 19 enmiendas parciales que presentó, la ley no es más que una operación de cirugía estética porque seguirán nombrando por libre designación y dar apariencia de legalidad a sus decisiones.
Desde el PP, Luis Venta ha afirmado que es falso que vaya a limitar los nombramientos a dedo, que mantiene el enchufismo y que lo que va a hacer con esta ley es seguir manipulando función pública y ocultar todas las políticas que en materia de función pública han perpetrado los gobiernos socialistas.
En su opinión, se perpetúa por ley su discrecionalidad para seguir nombrando a dedo, regulariza las ilegalidades que ha cometido desde hace años para no rendir cuentas ante los tribunales y garantiza sueldos millonarios para casi un centenar de puestos de trabajo cuando casi cien mil asturianos están en el paro.
