El diputado de Foro en la Junta General y portavoz de la Comisión de Educación, Pedro Leal, ha criticado este jueves que «los nuevos guadañazos a los presupuestos de gastos de funcionamiento de los centros educativos reflejan la improvisación y el caos de la Consejería de Educación».
En una nota de prensa, se refiere Pedro Leal a que «la Consejería de Educación ha procedido a efectuar un nuevo recorte en el presupuesto de gastos de funcionamiento de los centros educativos del Principado de Asturias, que refleja el caos planificativo y financiero en que está inmersa la Consejería de Educación».
Para el diputado, esta actitud es reveladora de «la nula o poca consideración que tiene el actual equipo directivo de la Consejería hacia la figura del director de un Centro, en cuanto que dicho director es el máximo responsable a nivel interno del colegio, y con estas medidas se restringe y limita sus competencias de gestión, cuestionando abiertamente su autonomía funcional».
El diputado de FORO se pregunta «sobre qué fundamentos o criterios se basa la Consejería para efectuar y cuantificar dicho guadañazo a las economías de los centros educativos, y cuál es el destino que se piensa dar a los fondos retirados a los colegios, si es que existe, y que de momento parece que irán dirigidos a paliar el déficit de gestión de la propia Consejería en el resto de ámbitos de la misma».
«El procedimiento llevado a cabo desde la Consejería de Educación -añade Leal- es más que cuestionable, y es una muestra más de la actitud dictatorial y autoritaria del Consejero y el Director General de Personal Docente y Planificación Educativa , que mediante una comunicación unilateral enviada a los directores y directoras del los centros educativos recortaban sin justificación alguna la asignación económica para los gastos de funcionamiento de los colegios públicos, sin tener en cuenta las previsiones de gastos que cada director, calculadas en el marco de su autonomía de gestión y en función de las necesidades singulares de cada centro».
Pedro Leal considera que «el método llevado a cabo para reducir la asignación de cada centro vulnera, a nuestro juicio, la autonomía de los directores de los centros, está basada en la arbitrariedad, y cercena las funciones de organización y gestión de los mismos».
