Oviedo, 14 mar (EFE).- El borrador de dictamen elaborado por el presidente de la comisión parlamentaria de investigación sobre el centro Niemeyer señala que sus trabajos se limitaron a hacer «un juicio político» que ha exigido «un especial ejercicio de cautela» para respetar «estrictamente» la independencia del poder judicial».
El texto elaborado por el presidente de la comisión, el diputado del PP Alfonso Román López, se ciñe a realizar una memoria de las actividades realizadas, que incluyeron la comparecencia de 57 personas ante la Cámara autonómica que generaron un gasto de 3.363 euros de los que 2.675 corresponden al alojamiento, manutención y desplazamientos de los nueve comparecientes que así lo requirieron.
Así, alude a cuestiones como los sujetos sometidos a control o los derechos de los comparecientes, pero deja en blanco, a la espera del debate con el resto de los grupos, el análisis de los hechos tanto en lo relativo a la información facilitada como a las responsabilidades de miembros del Gobierno, altos cargos, empleados públicos de libre designación e integrantes del Patronato de la Fundación.
El borrador, al que ha tenido acceso Efe, deberá ser sometido ahora al debate de los cinco grupos que integran la comisión antes de la elaboración del dictamen definitivo que, posteriormente, deberá ser ratificado por el pleno de la Cámara regional.
El texto considera demostrado el carácter público de la Fundación Niemeyer e incide en que su la tarea investigadora de la comisión no sólo tiene como destinatarios a los parlamentarios «sino también un papel fundamental en la instrucción de la opinión pública con el fin de orientarla críticamente en el ejercicio de su soberanía».
«La ‘verdad’ que pretende alcanzar la comisión con su dictamen es una verdad política, conformada por la voluntad mayoritaria de sus miembros», señala el borrador que recuerda que los trabajos de la comisión se han desarrollado mientras los tribunales investigaban las responsabilidades penales derivadas de estos hechos.
Esta circunstancia, añade, ha exigido «un especial ejercicio de cautela para residenciar en el ámbito jurisdiccional la calificación jurídica» dado que el dictamen no es una sentencia y a la comisión no le corresponde depurar los hechos susceptibles de ser considerados ilegales «sino sólo los de relevancia política».
El texto advierte además de que la documentación facilitada -una parte de la cual aún no ha sido remitida a la comisión- «en ocasiones» no venía foliada ni ordenada lo que dificultó «notablemente» su labor y recuerda la negativa de la Agencia Tributaria, amparada por el juzgado de Avilés, a que el funcionario que elaboró un informe sobre el Niemeyer compareciese en la Junta.
Ante el oficio dictado por el juzgado avilesino, la comisión dejó sin efecto la petición de comparecencia del funcionario «por más que pudiera ser calificado de atípico al no ajustarse a ninguna de las formas habituales en que se expresan los tribunales de justicia».
El borrador alude también a la negativa de algunos de los comparecientes a contestar a las preguntas de los diputados en ejercicio de su derecho constitucional y recuerda que esta actitud fue censurada por varios miembros de la comisión lo que motivó una petición de amparo a la Presidencia que no fue atendida.
«Mención especial merece la comparecencia del expresidente Vicente Álvarez Areces, quien, además de impetrar -solicitar una gracia con encarecimiento y ahínco- el respeto a su derecho a no declarar reivindicó un trato especial dada su condición de expresidente», añade el borrador de dictamen.
En este sentido, señala que, a diferencia de otras comunidades, en Asturias no se ha considerado oportuno, hasta el momento, regular el estatuto de los expresidentes y que la ausencia de esta normativa impidió otorgarle «un trato materialmente diferencia del resto de comparecientes».
