Oviedo, 25 mar (EFE).- La consejera de Agroganadería y Recursos Autóctonos, María Jesús Álvarez, ha reconocido hoy que los grupos de desarrollo rural Ese-Entrecabos y Navia-Porcía tienen un «problema» debido a cuatro sentencias judiciales contrarias a varios proyectos, si bien ha dicho que esto «no empaña» el trabajo desarrollado por ambos.
Álvarez así lo ha manifestado durante su comparecencia en la Comisión de Agroganadería de la Junta General del Principado para informar sobre los grupos de desarrollo rural, a petición del Grupo Parlamentario de Foro.
«Hay que buscar una salida sensata y responsable», ha propuesto la titular de la Consejería, que ha pedido que no se establezca una «censura» a estos dos grupos de desarrollo rural, para los que ha reclamado «elogios» por el carácter emprendedor.
Los cuatros sentencias judiciales contrarias a las demandas de los grupos se centran en proyectos que finalmente no fueron elegibles, relacionados con un programa sobre igualdad, los telecentros y la distribución de un periódico en el caso de Ese-Entrecabos así como de una micropyme en el de Navia-Porcía.
En opinión de la consejera de Agroganadería «no se debe de sacar de contexto» la labor que desarrollan los grupos con una referencia a cuatro proyectos cuando la totalidad del programa alcanza 1.500 iniciativas.
Ante la exigencia de depurar responsabilidades políticas tras el revés judicial, la titular de la Consejería ha apuntado que las juntas directivas que rigen los distintos grupos de desarrollo están compuestas en un 55 por ciento por representantes del sector privado y el 45 por ciento restante, del público.
El portavoz de Agroganadería de Foro, Juan Ramón Campo, ha mantenido durante varios minutos una discrepancia encontrada con la consejera del ramo al entender el diputado que resulta «lamentable» que la Administración no le facilite los expedientes sobre inversiones llevados a cabo por los grupos de desarrollo local.
En el caso del grupo Ese-Entrecabos, Campo ha denunciado la existencia de una deuda acumulada de 327.000 euros, de la que 182.000 euros ha atribuido a la edición de un periódico, «cuyo pufo se pretende repartir entre los cinco ayuntamientos que lo integran».
El diputado de IU Aurelio Martín ha reprochado a la consejera de Agroganadería que «en el fondo» haya «autorizado» la gestión desarrollada en ambos grupos, y le ha instado a «defender el rigor de la Administración», además de conminarle a «reclamar responsabilidades políticas».
Para el parlamentario del PP Luis Venta, que también ha exigido «responsabilidades políticas», las sentencias «confirman irregularidades detectadas en el pasado», y ha subrayado que resulta «una vergüenza que se dedique a un periódico dinero que estaba destinado a la formación de trabajadores y empresarios».
La parlamentaria del Grupo Parlamentario Socialista Elsa Pérez ha reprochado a Foro su «mala intención» y le ha afeado que ante las sentencias judiciales existentes «se queda con la parte que le interesa» y que no mencione que la resolución «no dice que el periódico distribuido no fuera subvencionable sino que la línea no era la correcta».
