El letrado que representa a los vecinos del Pisón que han ‘tumbado’ judicialmente la construcción de la Depuradora del Este (EDAR) por no estar conforme a Derecho el Estudio de Impacto Ambiental, Marcelino Abraira, ha confiado este viernes, tras darse a conocer la sentencia del Tribunal Supremo, que la Administración Central no reinicie la tramitación de esta infraestructura incluyendo de nuevo la misma ubicación.
«Cantaría que intenten meter un gol al Tribunal», ha señalado Abraira, quien ha recordado que el interés general que pueda alegar el Estado para evitar la demolición de la depuradora y permitir su puesta en marcha debería ser el «cumplir la ley», ha dicho. Para el letrado, lo que ha habido por parte del Estado ha sido un interés «caprichoso y arbitrario» y no general. Ha recordado, que él representa a 140 viviendas unifamiliares en las que viven entre 500 y 600 personas y que también tienen derechos fundamentales que deben ser protegidos.
Ante la propuesta sugerida por el Ayuntamiento de Gijón de ofrecer indemnizaciones por parte de la Administración Central, ha indicado que él, si hacen la propuesta, se la trasladaría a sus clientes, pero son ellos los que deberían decidir. Si aceptan, se mandaría un escrito a la Audiencia Nacional, en el que desisten de la ejecución de la sentencia.
Las otras dos opciones que quedarían sería proceder a la demolición de la depuradora o simplemente dejarla inactiva, y, en segundo lugar, el iniciar una retramitación del Estudio de Impacto Ambiental y Anteproyeco para tratar de legalizar la instalación.
Con todo, ha apuntado que la retramitación de la depuradora llevará al menos un par de años, en los que la infraestructura ya hecha, y en la que se han invertido más de 40 millones de euros, estaría paralizada y quedaría obsoleta. «Hay que pararlo ya», ha apuntado sobre la incipiente puesta en marcha prevista de la depuradora.
Ha recalcado, además, que la Administración Central hizo «oídos sordos» a la primera sentencia de la Audiencia Nacional que anulaba la depuradora, y que ahora ratifica el Tribunal Supremo. Para él, lo más sensato sería hacer un Estudio de Impacto Ambiental «serio» pero en otro sitio, y no volver a intentar el Pisón.
