Oviedo, 25 jun (EFE).- Los diez mineros acusados de un delito de desórdenes públicos durante las protestas registradas en julio de 2012 han aceptado una reducción de penas, que han quedado fijadas en seis meses de prisión para nueve de ellos, y año y medio para otro que también estaba acusado de un delito de atentado.
Fuentes de la Fiscalía han explicado a Efe que en la conformidad se ha reconocido el atenuante de reparación del daño, ya que los acusados consignaron el dinero correspondiente a la responsabilidad civil.
El responsable del área de minería de CCOO, Jaime Martínez Caliero, ha valorado el acuerdo alcanzado por los servicios jurídicos del sindicato, que representaba a los diez mineros, y ha dicho a Efe que se trata del «mejor acuerdo posible».
Los diez mineros fueron detenidos el 2 de julio de 2012 tras participar, junto con otro medio centenar de personas, en un corte de tráfico en la carretera AS-I (Autovía Minera), a la altura de Bendición (Siero).
En su escrito de conclusiones provisionales, el Fiscal señalaba que los acusados prendieron fuego a una gran cantidad de neumáticos, «asumiendo los daños que causaban a la vía pública», y causaron desperfectos en la valla de cerramiento.
A la llegada de la Guardia Civil, el grupo de personas que participaba en la barricada se dio a la fuga monte a través, en dirección a la localidad de Molledo y zonas limítrofes.
Los agentes pudieron detener a uno de ellos, quien formaba parte de un grupo que se encontraba lanzando cohetes y bolas de golf con lanzaderas a los agentes.
Poco después, la Guardia Civil logró interceptar a otros nueve de los participantes en la barricada, para los que el Fiscal solicitaba una pena de año y medio de prisión, para cada uno de ellos, por un delito de desórdenes públicos, aunque finalmente han conformado una condena de seis meses de cárcel.
Para el primero de los detenidos, al que le incautaron una lanzadera y un cohete, el Fiscal interesaba una pena de cinco años de prisión por el mismo delito y por otro de atentado con uso de medio peligroso, que finalmente ha quedado reducida a año y medio.
La Fiscalía exigía también que los diez mineros indemnizaran, de forma conjunta y solidaria, a la Consejería de Fomento con 2.155 euros por los gastos de reparación del pavimento de la autovía, la valla y la retirada de escombros.
