Las políticas municipales de Vivienda desarrolladas desde la concejalía de Atención a las Personas, dirigida por Marisa Ponga, supusieron que el año pasado los Servicios Sociales municipales tramitaran un total de 127 ayudas económicas para hacer frente a deudas por impago de alquiler/hipoteca de vivienda que supusieron un gasto global de 93.840,48 €.
El pago de deudas alquiler/comunidad de vivienda es una medida preventiva para evitar el llegar a situaciones de desahucios por impagos.
La distribución de ayudas según la Unidad de Trabajo Social en la que fueron tramitadas fue la siguiente:
- UTS Centro 8
- UTS Cristo 18
- UTS Vallobin 9
- UTS Naranco 6
- UTS Teatinos 17
- UTS Ventanielles 35
- UTS Otero 3
- UTS Corredoria 27
- UTS Trubia 3
“Se trata de una política activa que de manera efectiva soluciona situaciones muy complejas y evita el duro trance de un desahucio. El compromiso de este equipo de gobierno es no dejar a nadie atrás y las políticas del área social se refuerzan para conseguirlo”, explica Marisa Ponga, responsable del área de Atención a las Personas.
Al margen de las ayudas para hacer frente a los impagos de alquiler o hipotecas, los servicios sociales trasladaron a la consejería de Servicios y Derechos Sociales 44 propuestas de concesión de viviendas de emergencia social de las cuales una docena tenían iniciado procedimiento desahucio por impago de alquiler además de estar en intervención con alguno de los programas municipales desde la Unidad de Trabajo Social. Se remitieron 6 casos de violencia de género y atención especial, otras dos propuestas vinculadas al asentamiento chabolista de La Malata y tres casos que necesitaron un alojamiento temporal y también eran atendidos simultáneamente en otros programa municipal. Otra decena de expedientes con propuesta de vivienda de emergencia social también eran usuarios de de otros programas sociales.
