Oviedo, 4 abr (EFE).- La Sindicatura de Cuentas podrá imponer multas de entre 600 y 3.000 euros a las personas o entidades que obstruyan, impidan o dificulten la labor de fiscalización que realiza este organismo en las administraciones públicas asturianas.
Así figura en una proposición de ley cuya toma en consideración ha sido aprobada hoy por unanimidad por el pleno de la Junta General del Principado y que ahora iniciará su tramitación parlamentaria.
La iniciativa plantea que cuando la Sindicatura solicite colaboración, los requeridos estarán obligadas a prestarla en el plazo que determinen los estatutos del órgano fiscalizador y que, caso de no hacerlo, se les podrán imponer multas coercitivas.
UPyD planteó esta propuesta ante la carencia de instrumentos concretos que permitan incentivar de manera efectiva el cumplimiento del ejercicio de rendición de cuenta al que están obligados todos los sujetos fiscalizados por la Sindicatura.
