Oviedo, 13 nov (EFE).- La consejera de Bienestar Social y Vivienda, Esther Díaz, comparecerá finalmente el próximo lunes ante la Comisión de Presidencia de la Junta General para informar de la participación que posee en una empresa administrada por su marido.
Así lo ha acordado hoy la Mesa de la Junta antes del inicio del pleno que celebra esta tarde la Cámara después de que Díaz optara por pedir la comparecencia en dicha comisión, que aborda cuestiones relativas a la transparencia en la administración, en lugar de en la de Bienestar Social para agilizar su presencia en la Cámara.
La consejera defendió el pasado domingo la legalidad, limpieza y transparencia de su participación accionarial en esta empresa, que ha participado como subcontratista en obras contratadas por la administración regional.
Díaz admitió que posee el 19,8 por ciento de la empresa y que trabajó en la misma antes de iniciar su carrera política primero como alcaldesa de Langreo y después como consejera.
La empresa, que se dedica al alquiler y venta de maquinaria, fue constituida en 1992 siendo su marido uno de los administradores de la misma y que los trabajos realizados por esta compañía son públicos.
Ante estos hechos, IU pidió la dimisión de la consejera mientras que la portavoz de Foro, Cristina Coto, emplazó a Díaz a dar explicaciones sobre el conflicto de intereses que genera su participación accionarial en dicha empresa al haber sido subcontratada en una obra adjudicada por el departamento que dirige.
IU consideró que la continuidad de Díaz en el Gobierno es «incompatible» con el contenido del proyecto de ley de Buen Gobierno aprobado por el Ejecutivo regional, en fase de tramitación en la Cámara y que se aprobará previsiblemente la próxima semana.
Dicho texto señala en su articulo 10 que el desempeño de un alto cargo es incompatible con disponer, por sí o con su cónyuge, una participación superior al diez por ciento en empresas que tengan contratos de cualquier naturaleza con el sector público autonómico, sean subcontratistas de estas compañías o reciban subvenciones provenientes de cualquier entidad del sector público.
