Oviedo, 30 jun (EFE).- El Instituto del Carbón ha pedido al Principado la documentación justificativa de las posibles liquidaciones en los convenios de fondos mineros finalizados, el estado de ejecución y las cantidades concretas a liquidar así como los reparos emitidos por la intervención delegada.
La solicitud de esta información ha sido anunciada hoy por la senadora del PP Laura Sampedro durante el debate en la Comisión de Industria del Senado de una iniciativa de Foro que instaba al Gobierno a cumplir la sentencia que reconocía el derecho del Principado a recibir hasta 213 millones para financiar los convenios de las obras a ejecutar con cargo a fondos mineros en 2011.
Según la senadora popular, el Instituto del Carbón ha procedido a un estudio detenido del estado de situación y circunstancias que concurren «en todos y cada uno de los convenios objeto de la sentencia» y, al encontrar variedad de situaciones, ha solicitado dichos datos del Principado.
Dicha documentación, según Sampedro, fue requerida a la administración autonómica el pasado 14 de junio y el Ministerio está a la espera de recibirla para convocar la comisión paritaria entre ambas administraciones y, una vez valorada cada actuación, tomar «las decisiones oportunas» de acuerdo a la sentencia.
Así, la parlamentaria popular ha incidido en que lo que la sentencia establece «es la necesidad de revisar uno a uno los convenios litigiosos, a fin de determinar las incidencias que concurran en su ejecución y resolver cada uno en sus términos».
La Audiencia Nacional rechazó el pasado mes de mayo el recurso del Gobierno central contra la sentencia que admitido los planteamientos del Principado al estimar que la anulación de los fondos mineros ya comprometidos con Asturias no respondían a una «imposibilidad económica sobrevenida».
La sentencia fue recurrida ante la Audiencia Nacional por el Gobierno central que, en su primer Consejo de Ministros en diciembre de 2012 suspendió el pago de los fondos mineros destinados a infraestructuras, y el Principado reclamó, por su parte, que se le obligase a cumplir temporalmente la sentencia dado el perjuicio social y económico causado con este retraso.
La iniciativa de Foro, que ha sido rechazada por la Comisión de Industria, pedía al Gobierno que cumpliese la sentencia y tramitase el correspondiente procedimiento en cada uno de los convenios objeto de recurso en los que, previa audiencia de las administraciones interesadas, se determinen las cantidades adeudadas.
En la defensa de la moción, el senador de Foro, Isidro Martínez Oblanca, ha señalado que el recurso rechazado por la Audiencia Nacional convirtió en firme una sentencia que pone en evidencia la decisión «injusta, inaceptable, e injustificable» del Gobierno «con deslealtad hacia Asturias y singularmente hacia el sector minero y sus cuencas, basada en triquiñuelas y aplaudida por el PP».
Según Oblanca, la decisión de la Audiencia Nacional crea jurisprudencia con lo que otras comunidades afectadas por la supresión «unilateral e ilegal» de los fondos mineros podrían pedir el cumplimiento de los convenios y beneficiarse de las inversiones «hurtadas» por el Gobierno con aquella decisión «ilícita e ilegal».
