El consejero de Presidencia y portavoz del Gobierno asturiano, Guillermo Martínez, ha atribuido este miércoles a la «desesperación en la que se encuentra» las declaraciones del diputado del PP, José Agustín Cuervas Mons respecto al supuesto caso de corrupción en la gestión de GITPA en el periodo 2009-2012.
A juicio de Martínez sólo así se pueden comprender las acusaciones del PP ante un caso que «fue el propio Gobierno del Principado quien lo denunció ante Fiscalía», por lo que los ‘populares’ se enteraron por el propio Ejecutivo y en el que «en ningún caso ha habido ocultación alguna de información».
«Ni es una cuestión oculta ni se ha mantenido fuera del ámbito parlamentario», ha insistido Martínez, que ha destacado que las irregularidades detectadas ya están siendo investigadas por un juzgado.
Ha destacado que el PP «conoció los hechos por el propio Principado y por tanto la sobreactuación de Cuervas Mons sólo es comprensible por su desesperación». Ha añadido que quizás el PP tendría más credibilidad «si alzara la voz contra las sospechas de lo que ocurre en su propia casa». «La desesperación no puede llevar al PP a buscar fuera lo que tiene en su propia casa» ha dicho Martínez.
PERIODO ANTERIOR A JAVIER FERNÁNDEZ
El portavoz del gobierno, en rueda de prensa tras el consejo de Gobierno, ha indicado que se está hablando de irregularidades en un periodo de tiempo de 2009-2012, una etapa anterior al Gobierno de Javier Fernández y con un gerente que ya fue destituido. Ha recordado que el actual gerente de GITPA ni siquiera ha sido nombrado por el Gobierno socialista, no obstante ha indicado que el Ejecutivo aplica el mismo listón para cada uno de sus miembros.
Por ello ha indicado que y por lo tanto se le aplicaría la misma política en relación con la lucha contra la corrupción que se aplica al resto de miembros del Ejecutivo.
Ha insistido en que el Principado se ha personado en cada una de las causas y por lo tanto la Administración autonómica es «la primera interesada en que se esclarezcan los hechos y se depuren responsabilidades». Ha manifestado además que el Gobierno ha encargado también una auditoría interna para conocer las cantidades que posiblemente se han visto afectadas por las supuestas irregularidades.
