Oviedo, 12 ene (EFE).- El consejero de la Presidencia del Principado, Guillermo Martínez, ha afirmado hoy que la reforma de la Ley del Aborto supone la «antesala de convertir un derecho en un delito» y demuestra el modelo de sociedad del Gobierno central que pretende menos derechos, más retroceso e intolerancia.
Martínez, consejero y portavoz del Gobierno del Principado, ha anunciado la convocatoria para el próximo martes de una reunión extraordinaria del Consejo Asturiano de la Mujer para analizar el proyecto de ley sobre la interrupción voluntaria del embarazo, aprobada el pasado 20 de diciembre por el Gobierno central.
Dada la relevancia e incidencia social de la iniciativa legislativa impulsada por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, el Gobierno del Principado ha considerado oportuno recabar la opinión de los colectivos ciudadanos representados en el Consejo Asturiano de la Mujer y adoptar una posición que concite el más amplio de los consensos.
El Gobierno de Asturias estima necesario contar con la reflexión y la opinión de las más de treinta organizaciones y entidades representadas en el Consejo Asturiano de la Mujer, al ser el máximo órgano de participación, consulta y asesoramiento del Principado en materia de igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres.
El Ejecutivo del Principado mostró de forma oficial su rechazo a la contrarreforma sobre la interrupción voluntaria del embarazo, «al representar un retroceso de casi tres décadas que aleja a España de la Europa de los derechos civiles», apunta Martínez.
El Ejecutivo del Principado estima que si esta iniciativa legislativa no es modificada en su trámite parlamentario tendrá negativas consecuencias, tanto en el terreno de la salud como en el de la seguridad jurídica de las españolas y de los profesionales de la sanidad.
Para el Principado, esta nueva norma es «mucho más restrictiva que la ley de 1985, en la que las mujeres no podrán decidir y, de nuevo, verán tutelados sus derechos sin poder decidir por sí mismas», además de «limitar la posibilidad de interrumpir el embarazo cuando exista malformación fetal».
También la critica por «abrir las puertas a un incremento de los abortos clandestinos y elevar el riesgo de mortalidad que estos suponen para las mujeres» y «elevar el riesgo de acciones penales que implicará para las mujeres y profesionales sanitarios».
Martínez señala que Asturias ha apostado siempre por desarrollar una política educativa afectivo-sexual con diferentes programas entre los alumnos de Educación Secundaria Obligatoria que están desempeñando un significativo papel en la prevención de embarazos no deseados y denuncia «el enorme secretismo con el que se ha preparado esta nueva regulación».
En este sentido, resalta que el Gobierno de Asturias no ha sido convocado en ningún momento al debate sobre los contenidos de esta norma y, cuatro días antes de su aprobación por el Consejo de Ministros, se celebró en Madrid la Conferencia Sectorial de Justicia donde el Ejecutivo central llevó 18 proyectos legislativos, pero «ocultó «el de interrupción voluntaria del embarazo.
«Una norma de esta trascendencia debería haber sido consultada con las comunidades autónomas, con especialistas de diversas disciplinas científicas y, evidentemente, con organizaciones de mujeres», puntualiza.
Martínez indica que el Principado ha abierto un periodo para estudiar con detalle esta iniciativa legislativa sobre la interrupción voluntaria del embarazo para promover una respuesta que permita velar por los derechos de las mujeres.
