Oviedo, 18 nov (EFE).- El consejero de Economía y Empleo, Graciano Torre, ha señalado hoy que las bases de las próximas actuaciones financiables con cargo a los fondos mineros, a falta de conocer la convocatoria, «circunscriben y eliminan muchas» de las contempladas anteriormente.
Torre ha realizado estas manifestaciones en respuesta a la pregunta formulada por el Grupo Parlamentario Foro sobre la situación de los convenios marco con el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, necesarios para formalizar los convenios específicos, en materia de ayudas para el impulso económico de las comarcas mineras del carbón y otras cuestiones relacionadas.
En su explicación, ha recordado que el pasado mes de agosto se publicó el decreto que establece las bases reguladoras de estas ayudas mediante el desarrollo de tres proyectos de infraestructura y otros tantos de restauración en zonas degradadas a causa de la actividad minera.
Ha subrayado que las bases recogen en un anexo los municipios afectados por procesos de cierre de unidades de producción de minerías del carbón, que en Asturias se ha concretado en veintidós concejos, entre los que «figura alguno que no figuraba en otras ocasiones».
El consejero de Economía ha añadido que también establece las actuaciones «financiables», en la infraestructura circunscribe a mejoras de polígonos industriales ya existentes; dotación y mejora de líneas de telecomunicación; optimización y diversificación energética en construcciones públicas; y creación y equipamientos de viveros de empresas y centros de desarrollo tecnológico.
En el apartado de restauración, ha dicho que las ayudas contemplan la mejora, recuperación y revalorización de escombreras, zonas degradadas y espacios afectados por las explotaciones mineras del carbón; recuperaciones forestales y tratamientos silvícolas en zonas degradadas por actividades mineras; y actuaciones relacionadas con el saneamiento atmosférico, dirigidas a una mejora de los niveles sonoros y mejora de las estaciones de aguas residuales.
Asimismo ha manifestado que los beneficiarios podrán ser las comunidades autónomas, los ayuntamientos y otras localidades locales, por lo que ha dicho que entiende que «tendrían cabida, quizás las diputaciones o las propias mancomunidades, a las que se ponen una serie de condiciones «.
Las bases también prevén establecer convenios marco entre el Ministerio y las CCAA para determinar las actuaciones exclusivas, ha subrayado Torre, que ha apuntado que la cofinanciación exige que se financien con el 25 por ciento las aportaciones realizadas por el Instituto del Carbón.
«Para poder aplicar esto se necesita la convocatoria y la creación de la Comisión de Cooperación», ha dicho el titular de Economía, que ha recordado que el decreto se remonta a agosto pasado, y ha añadido que desde entonces ha remitido a las distintas consejerías que se pueden ver concernidas el decreto para que «vayan preparando las posibles actuaciones a financiar».
El Principado solicitó al Ministerio de Economía una reunión para «tratar de aclarar estas cosas» y ha vuelto a «urgir» la celebración del encuentro para clarificar las cuantías para desarrollar estos convenios, que en los Presupuestos Generales del Estado para 2014 contemplan 48 millones para CCAA, 2,6 destinados a entidades locales y 1,2 a familias e instituciones sin ánimo de lucro.
Para el año 2015, ha manifestado que figuran 55 millones para las comunidades autónomas y «desaparecen los ayuntamientos y las entidades locales, ni por supuesto familias sin ánimo de lucro».
Por otra parte, en respuesta a la pregunta de Foro sobre el aumento de las estaciones de servicio ‘low cost’, ha cifrado en 17 el número de estas gasolineras, a las que se ha referido como «falsas desatendidas y falsas atendidas».
Así, ha comentado que en el caso de la estación de servicio del Alcampo de El Entrego cuenta con una persona para atenderlas durante el tiempo en el que permanece abierto el establecimiento.
Torre entiende la «preocupación» expresada por las asociaciones de gasolineras ante una competencia que les puede, no solo hacer desaparecer, sino eliminar el empleo», y ha alertado sobre el «peligro» que puede suponer para el ciudadano en cuanto a la seguridad en caso de acciones delictivas.
Nos hemos dirigido al Ministerio, que está haciendo una regulación, para que «exija una serie de medidas como un control por telepantallas así como determinados sistemas de seguridad».
