Gaspar Llamazares, portavoz parlamentario de IU en la Junta General, demandó al Presidente del Principado, un proyecto de ley de crédito extraordinario que tenga como prioridades la ambición social y el aumento de inversión en la comunidad autónoma que, a su juicio, vive un momento determinante debido a la prórroga encadenada, sumada a la prórroga del Gobierno Central y a la nueva ley de contratación. Debido a esta última y si las consejerías no cuentan con pliegos de contratación unificados los proyectos de inversiones podrían retrasarse un mes o dos, añadió.
Este fue el esbozo realizado por Gaspar Llamazares en su turno de preguntas al Presidente sobre las repercusiones de la prórroga en materia social y de inversiones. Llamazares advirtió que “el recorte” supondrá 115 millones menos que en el proyecto de presupuestos, unido a los 116 millones de euros que Montoro no ha entregado como adelanto a cuenta y, además, el ministro de Hacienda negocia “al alza” cambios que pagarán las comunidades autónomas, como puede ser la jornada de 35 horas o la equiparación de los funcionarios. “Es una situación presupuestaria muy comprometida”, resumió el portavoz de IU, al tiempo que reconoció la “honda preocupación” de IU.
El portavoz de IU añadió un cuarto elemento a su argumento sobre la necesidad de un crédito extraordinario con vocación social y de inversión, que recoja cambios en la Universidad, el salario social o el 0 a 3. “Por fin tenemos que decir que ha aparecido en la política española la cuestión social”, advirtió. Llamazares aseguró que le llama la atención la preocupación del PP por las clases medias, y no por los menestrales, que están pidiendo en la calle una mejora de sus pensiones, pidiendo igualdad social y terminar con la violencia de género… lo que necesita un sistema fiscal justo y progresivo, que el que más tiene más pague. “Eso es lo que me preocupa y no tanto las clases medias de un millón y medio de herencia. Creo que no llega ni al 1% los que pueden dar a cada hijo un millón y medio de herencia”, concluyó.
Por su parte, Javier Fernández respondió que la prestación y servicios públicos y su calidad global está garantizada y para ello prepara Gobierno el proyecto de ley de crédito extraordinario para agotar la cobertura de política social y de inversiones. También apeló a la responsabilidad de los grupos para apoyar este último. Apuntó que el salario social necesita 15 millones de euros más y que pueden perderse 13 millones para las políticas activas de empleo, retrasar la unidad de convalecencia del ERA o los fondos FEDER.
