(EFE).- El expresidente de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE) y de la Cámara de Comercio de Oviedo, Severino García Vigón, será juzgado es próximo lunes, 26 de mayo, como presunto autor de tres delitos fiscales cometidos entre los años 2009 y 2011 desde su empresa «Enastur».
La Fiscalía del Principado de Asturias pedirá por esos delitos una pena de tres años de prisión, una multa de casi 570.000 euros y que se le impida acceder a subvenciones o ayudas públicas, así como a incentivos fiscales durante un periodo de tres años.
En la solicitud de esta pena, la Fiscalía ha tenido en cuenta la atenuante de reparación del daño al haber abonado en mayo la deuda de 570.000 euros que había contraído esos años en el pago del IVA y que le reclamaba la Agencia Tributaria.
La vista oral se celebrará en un Juzgado de lo Penal número dos de Oviedo contra Vigón y dos de sus hijos, P.G.V y M.G.V., que están acusados de los mismos delitos, con la misma atenuante.
El escándalo por el impago del IVA se hizo público a principios de abril del pasado año, a raíz de que la Fiscalía presentase una querella contra el presidente de la patronal asturiana al considerar que una de sus empresas no había abonado más de medio millón de euros correspondientes a los años 2009, 2010 y 2011.
El procedimiento se había incoado el 19 de marzo tras la querella formulada ante el Juzgado por el Ministerio Fiscal y cinco días después, Enastur, mediante un escrito, se declaró única responsable del delito correspondiente al ejercicio 2011.
Según la Fiscalía, aportó resguardos bancarios justificantes del ingreso de 569.879,10 euros -cantidad que se corresponde sin embargo con la cantidad total presuntamente defraudada en los tres ejercicios-, que puso a disposición del Juzgado.
Por esta razón, la Fiscalía del Principado ha acusado también por idénticos delitos a sus dos hijos y a la sociedad Enastur, a la que considera penalmente responsable de dos delitos contra la Hacienda Pública, correspondientes a los ejercicios 2010 y 2011, y para la que pide una condena de multa de 789.551 euros (el duplo de la cantidad presuntamente defraudada esos dos años).
En el caso de Enastur, la Fiscalía aprecia igualmente la existencia de la atenuante de reparación del daño.
Además, en concepto de responsabilidad civil, la Fiscalía solicita que García Vigón, sus dos hijos y la sociedad Enastur indemnicen de forma conjunta y solidaria a la Hacienda Pública en la cantidad de 569.879,10 euros, es decir, la presuntamente defraudada, más los intereses legales correspondientes, que incluirían los de demora.
