Oviedo, 2 dic (EFE).- La portavoz de Foro en la Junta General, Cristina Coto, ha criticado hoy al Gobierno regional su tardanza en instar al cumplimiento de una sentencia del Juzgado Central de lo Contencioso, de 28 de octubre de 2013, sobre los fondos mineros que es favorable al Principado.
Coto ha presentado una batería de preguntas en la Cámara regional sobre la asistencia jurídica elegida por el Gobierno regional para instar a la ejecución de esta sentencia,
Recuerda las críticas realizadas al Gobierno de Foro por encargar la demanda que resultó favorable para los intereses de la región al catedrático Luciano Parejo.
La portavoz de Foro se interesa por «los motivos que han llevado al Gobierno del Principado a desistir de encomendar las acciones judiciales en defensa de los fondos mineros al Servicio Jurídico del Principado, anunciado el 8 de mayo de 2013 en una respuesta escrita por vía parlamentaria, como consta en el Boletín Oficial de la Junta General».
Coto también quiere conocer «por qué se encomienda la defensa de los intereses del Principado al despacho de Antonio Descalzo, profesor titular de Derecho Administrativo de la Universidad Carlos III, en lugar de continuar con la colaboración de Luciano Parejo, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Carlos III».
Asimismo, requiere información sobre cuál es el importe que el despacho de Antonio Descalzo solicita para llevar a cabo el trabajo de instar a la ejecución de esta sentencia.
Por su parte, el diputado regional Albano Longo ha hecho público hoy que Foro acaba de recibir de la Dirección General de Programas de Desarrollo Rural II de la Comisión Europea, en respuesta al escrito presentado el 3 de noviembre de 2014 en relación con las «irregularidades» cometidas por el Gobierno regional en la elaboración y tramitación del PDR 2014-2020.
Longo asegura que esta departamento da la razón a la denuncia presentada por Foro que está basada «en la falta de transparencia de su elaboración y la inadecuación de las medidas a los objetivos propuestos».
«La Comisión Europea exige al Gobierno del Principado que incluya, en el programa, una lista de los agentes sociales consultados y una lista de las acciones futuras en las que participarán los agentes sociales después de su aprobación», recalca.
