El diputado de Foro en la Junta General del Principado, Pedro Leal, ha manifestado este martes que «las subvenciones del gobierno de Javier Fernández de todo tipo, a instituciones y particulares, son de tal gravedad que se han convertido en una amenaza judicial por eludir todo control parlamentario, obviando los requisitos del procedimiento administrativo».
El diputado de Foro hace estas declaraciones a raíz del Informe Definitivo de Fiscalización sobre la Cuenta General del Principado de Asturias del ejercicio 2013 emitido por la Sindicatura de Cuentas, ahora investigado por la Fiscalía, en el que «se ponen de manifiesto posibles irregularidades en la concesión de subvenciones por parte del gobierno socialista en la pasada legislatura».
«La Sindicatura de Cuentas -continúa Leal- pone en evidencia la opacidad con la que se otorga el dinero sin pasar por el control de la Junta General y sin respetar los principios de concurrencia y publicidad. En el informe definitivo a raíz del cual se ha abierto una investigación por parte de la Fiscalía, tras descartar la alegación del Principado, se advierte de que no consta motivada la excepcionalidad de los supuestos que determinan el establecimiento de las subvenciones nominativas, ni se han sometido a los principios de publicidad y transparencia», explica.
Y añade que «entre otras subvenciones, las irregularidades afectan a varios ayuntamientos, al Instituto Asturiano de la Mujer y la Asociación Asturiana de Amistad con el Pueblo Saharaui».
El informe que investiga la Fiscalía añade en otro de los puntos que «se han detectado incidencias significativas que, en el caso de apreciar la existencia de alguno de los supuestos de reintegro de las cantidades percibidas, el gobierno debería de iniciar el procedimiento oportuno, sin perjuicio de las posibles infracciones que, en su caso pudieran ser sancionables».
«Estamos hablando de una cantidad de 4,7 millones de euros otorgados con una opacidad que vuelve a poner en evidencia la falta de control del gobierno de Javier Fernández que, una vez más, desoye los informes de la Sindicatura de Cuentas», apunta Leal.
Además, según resalta el diputado de Foro, «el informe es contundente al dejar claro que en los supuestos que son objeto de diligencias en los juzgados no se acreditan ‘razones de interés público, social, económico o humanitario u otros debidamente justificados’ como marca la Ley y que no existen razones que permitan hacer excepciones al régimen de concurrencia pública».
