El portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Gijón, José Carlos Fernández Sarasola, solicitará en la próxima Comisión de Hacienda la elaboración de un informe por parte de los servicios jurídicos municipales para ver si tiene que devolver de oficio el IBI recaudado en los últimos y a cuánto ascendería dicha devolución, en el caso de los cambios de valoración catastral de suelos rurales tras la anulación del Plan General de Ordenación.
«Nos podríamos encontrar ante el primer perjuicio económico directo hacia el Ayuntamiento derivado la anulación de los Planes Generales de 2005 y 2011», ha advertido Sarasola, a través de una nota de prensa.
En este sentido, ha explicado que los vecinos llevan desde el año 2005 pagando IBI urbano por los terrenos que el PGO aprobado ese año, que fueron calificados como urbanizables y, sin embargo, debido a que tanto este plan como el de 2011 fueron anulados, han pasado ser de nuevo no urbanizables. Como consecuencia, ahora han vuelto a tributar como fincas rústicas.
«El Ayuntamiento no notificó al catastro estas anulaciones hasta la sentencia del Tribunal Supremo del año pasado, por lo tanto se siguió cobrando un IBI que no correspondía a pesar de que había ya sentencias que anulaban los Planes», ha insistido.
Ciudadanos se teme que el Ayuntamiento tenga que afrontar estas devoluciones del IBI, bien de oficio o bien a instancia de los tribunales, lo que, en todo caso, acarreará importantes consecuencias económicas negativas para las arcas municipales, según su portavoz. «Una vez más pagaremos el conjunto de gijoneses sin que ningún responsable político haya asumido ningún tipo de responsabilidad por la nulidad de los dos Planes Generales», ha lamentado.
